ZARAGOZA, 22 de julio. En un reciente giro de los acontecimientos, el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha dirigido una carta a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, en la que demanda con urgencia datos críticos sobre las entregas a cuenta del ejercicio 2026 y la liquidación definitiva correspondiente a 2024.

En su comunicación, el consejero destaca que es habitual que el Ministerio ofrezca esta información provisional antes de las vacaciones de verano, coincidiendo con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que tradicionalmente tiene lugar en esta época del año.

No obstante, esta vez la situación es diferente, ya que no se ha convocado a dicho Consejo ni se ha proporcionado información oficial a la comunidad autónoma. La única referencia disponible es a través de los medios, que sugieren que el encuentro se llevará a cabo "después del verano".

Bermúdez de Castro enfatiza que, dada la proximidad de las fechas, el Ministerio ya debe contar con estimaciones de ingresos que le permitan informar a las comunidades autónomas. "No hay justificación para no comunicar los importes provisionales de inmediato", sostiene.

El consejero recalca que obtener esta información es crucial para establecer el techo de gasto para 2026, lo cual es un paso esencial en la creación del presupuesto aragonés. "Hemos iniciado el proceso presupuestario formalmente con una Orden publicada el 18 de junio, y necesitamos los datos necesarios para avanzar con rigor en nuestra planificación económica", añade.

El Gobierno de Aragón hace un llamado al Ministerio de Hacienda para que entregue a la mayor brevedad posible, tanto las entregas a cuenta del próximo año como la previsión de la liquidación de 2024, a fin de asegurar que el proceso presupuestario se desarrolle sin contratiempos en la comunidad.

La carta del consejero se produce tras la reciente denuncia sobre la disminución de cerca de 100 millones de euros en la financiación autonómica para 2025 en comparación con el año anterior. El Ejecutivo aragonés considera que esta reducción es un "atropello" que pone en riesgo la estabilidad financiera de la comunidad. Ante esta situación, ha comenzado acciones formales y no descarta la posibilidad de recurrir a instancias judiciales si no se garantiza una financiación adecuada y equitativa.