El día de hoy en Zaragoza, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha decidido aceptar un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato CSIF. Este recurso critica la Orden promulgada el 27 de noviembre de 2025, que permite la concertación del Bachillerato a partir del curso académico 2026-2027.

El sindicato ha señalado que, a partir de esta nueva normativa, el Bachillerato, que hasta ahora no recibía apoyo financiero por parte del gobierno regional, podría ser gratuito en instituciones privadas que opten por esta opción, siempre que se garantice la financiación a través del presupuesto del Gobierno aragonés y que dichos centros cumplan con los criterios establecidos.

Sin embargo, CSIF ha subrayado que el Bachillerato no se considera parte de la educación obligatoria básica, lo que implica que no hay un mandato legal que obligue a ofrecer su gratuidad en los centros concertados. La organización ha argumentado que la concertación del Bachillerato "no tiene una base constitucional clara, excede la finalidad de los conciertos educativos y pone en riesgo la eficiencia del gasto público".

En lugar de esta concertación, CSIF propugna que la opción más adecuada es garantizar la gratuidad del Bachillerato en la red pública, además de ofrecer becas y ayudas que aseguren el acceso equitativo para todos los estudiantes.

Por su parte, Mónica de Cristóbal, vicepresidenta de CSIF Aragón, ha afirmado que la concertación del Bachillerato resulta "absolutamente innecesaria", ya que actualmente existen más de 2.500 plazas vacías en los centros públicos de la comunidad para estos estudios.

De Cristóbal ha enfatizado que los recursos públicos deberían destinarse a la educación pública, que enfrenta numerosas carencias tanto en personal docente como no docente, así como problemas de infraestructuras. La vicepresidenta ha manifestado su rechazo "enérgico" a cualquier intento de privatización de la educación por parte del Gobierno autonómico y ha advertido que continuarán realizando movilizaciones mientras las vías judiciales permanezcan abiertas.