El Gobierno de Aragón ha dado un paso importante al presentar sus objeciones al proceso de consulta pública organizado por el Ministerio de Hacienda sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades que operan bajo régimen común.

Las autoridades aragonesas afirman que la propuesta del Estado de condonar deudas es "arbitraria y discriminatoria", y, lo que es más crítico, no aborda de manera efectiva las deficiencias estructurales del sistema actual de financiación autonómica.

El Departamento de Hacienda aragonés ha señalado la falta de tiempo para preparar una respuesta adecuada, ya que las comunidades, incluido Aragón, solo recibieron información clave 48 horas antes de una reunión crucial del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto, según el Gobierno autonómico, eliminó la posibilidad de análisis y de presentar alternativas, ya que se trató de un paquete cerrado sin suficiente consulta.

La metodología empleada por el Ministerio para determinar el reparto de fondos ha sido objeto de fuerte crítica. Según Aragón, los criterios establecidos no tienen relación con la justificación oficial de la medida, que se plantea como un alivio para el sobreendeudamiento que se produjo entre 2010 y 2013. En cambio, argumentan que los criterios actuales benefician de forma desmedida a ciertas comunidades mientras que perjudican a otras, como Aragón.

La Consejería de Hacienda ha calculado que, con la asignación de 2.124 millones de euros, no se compensa de manera justa el endeudamiento que ha soportado la comunidad durante los años más complicados de la crisis. Señalan que, si se aplicaran criterios objetivos, Aragón debería recibir 485 millones de euros adicionales.

Además, el gobierno autonómico ha puesto de relieve que esta condonación no asegura una solución sostenida a largo plazo ni una mejora estructural en la situación financiera de las comunidades. Afirman que se trata de un alivio "meramente temporal", sin garantías de un regreso estable a los mercados, algo que también han destacado agencias de calificación como Standard & Poor’s.

Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, reiteró en una reciente comparecencia que la auténtica solución requiere una reforma exhaustiva del Sistema de Financiación Autonómica, que ha estado estancado durante años y que necesita una mayor aportación del Estado para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.

Desde el Departamento de Hacienda han advertido que cualquier medida de condonación que no esté acompañada de esta reforma no resuelve los problemas de fondo y tiende a perpetuar las inequidades entre comunidades, afectando los recursos disponibles y la equidad del actual modelo.

Como una alternativa viable, el Gobierno de Aragón también aboga por una reestructuración a largo plazo de la deuda, lo que incluiría la extensión de plazos o la reducción de tipos de interés, garantizando así una mejora duradera en la carga financiera.

Finalmente, se ha exigido la implementación de un tratamiento justo y transparente que respete los principios de equidad e igualdad en las relaciones entre las diferentes administraciones públicas.