ZARAGOZA, 20 Dic. - El Gobierno de Aragón continúa haciendo esfuerzos para brindar "seguridad jurídica" a todos los operadores de energías renovables, después de que el Consejo de Ministros haya decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley autonómico de 20 de marzo, el cual establecía medidas urgentes para la transición energética y el consumo local.

La vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha expresado durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que era conocida la cuestión sobre la legalidad de este decreto-ley por parte del Gobierno de España, y considera que lo sorprendente es la incapacidad de llegar a un acuerdo.

Ha señalado que un total de 20 artículos del decreto-ley están siendo cuestionados en cuanto a su constitucionalidad, y que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón consideraron que eliminar algunos de estos artículos afectaría negativamente a la seguridad jurídica de la norma y no sería beneficioso para los operadores. Por esta razón, el Gobierno de Aragón ha defendido en su totalidad el decreto-ley.

También ha mencionado que el grupo popular se abstuvo durante la votación de este decreto-ley en las Cortes de Aragón durante la última etapa de la legislatura anterior. Ahora, una de las opciones es aprobar una ley de garantías.

"La filosofía es llevar a cabo una planificación de las energías renovables y hacerlo en conjunto con el territorio", ha enfatizado Vaquero, quien además ha añadido: "Esa filosofía no cambia".