El Gobierno de Aragón ha expresado su descontento ante la decisión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de seguir adelante con la cotización de la formación en prácticas de los estudiantes a partir del próximo uno de enero.

La Comunidad había solicitado una moratoria hasta que se resolvieran las dudas técnicas que genera esta medida y se estableciera un sistema de gestión del alta en la Seguridad Social seguro y viable. Sin embargo, el Gobierno central ha ignorado esta petición, junto con las de otras diez Comunidades.

Esta información se ha dado a conocer en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que ha participado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de Aragón, Claudia Pérez Forniés. La reunión se llevó a cabo presencialmente en la sede del Ministerio a petición de Aragón y otras Comunidades.

Al finalizar el encuentro, la consejera ha criticado a la ministra por abandonar la reunión sin escuchar a todos los consejeros y anunciar que la medida se mantendría a partir del uno de enero. Además, ha señalado la "inseguridad jurídica" y los posibles efectos negativos que puede tener debido a su implementación deficiente, advirtiendo que podría "romper los vínculos entre el mercado laboral y la Formación Profesional".

"El reconocimiento de este derecho debe ir acompañado de un sistema seguro y viable para su implementación en tiempo y forma, que permita dar de alta y baja en la Seguridad Social a los estudiantes que realicen prácticas formativas. En las condiciones actuales, la medida podría desmotivar la participación de empresas e instituciones y perjudicar al tejido productivo que conecta la Formación Profesional y las Universidades con las empresas", declaró la consejera.

La consejera ha recordado que ya se habían planteado las dudas que genera esta medida al Gobierno central hace semanas, como la imposibilidad de dar de alta a estudiantes extranjeros, la fecha límite para las bajas o la compatibilidad de prestaciones y otras ayudas. Estas dudas, según ha reiterado, no han sido resueltas y tienen un impacto importante en los estudiantes más vulnerables, poniendo en riesgo todo el sistema ya que "las prácticas son obligatorias para obtener el título".

"No podemos pedir a nuestros jóvenes que renuncien a formarse por no poder cotizar, lo cual afecta a los grupos más vulnerables, como aquellos sin NIE, que reciben prestaciones por desempleo o algún subsidio. Debemos tener en cuenta todas las singularidades de los estudiantes, ya que el principio de accesibilidad universal en la educación también debe aplicarse a este procedimiento", defendió Pérez Forniés.

Además de estas cuestiones, en la Conferencia Sectorial también se criticó la falta de unidad de criterio por parte de las distintas Tesorerías Generales de la Seguridad Social y los problemas que están experimentando otras comunidades autónomas al dar de alta a estudiantes y obtener números de afiliación para ellos.

Por todas estas razones, y para garantizar la calidad formativa y la titulación de los estudiantes en prácticas, Aragón abogó por establecer una prórroga que evitara el caos que supondría la implementación de la medida en las condiciones actuales. En caso necesario, también se propuso un aplazamiento hasta septiembre, con el inicio del nuevo curso, ya que su implementación a mitad de año genera desigualdad entre los estudiantes.

"El sistema de cotización solo debería implementarse cuando sea realmente factible. De hecho, las circunstancias por las cuales el Ministerio tuvo que aprobar una primera moratoria para la entrada en vigor de la medida en octubre no han cambiado", concluyó la consejera.

En cuanto a la Comunidad de Aragón, la medida afectará a 8.500 alumnos en 2024 y se espera que esta cifra aumente a 28.000 en 2025. En la Formación Profesional dual, hay más de 220 empresas involucradas, superando las 4.000 para la formación del alumnado en centros de trabajo.

En otro tema, en la reunión de la Conferencia Sectorial se acordaron los criterios de distribución de distintos programas de cooperación territorial en el ámbito educativo, financiados en parte por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aragón recibirá un total de 9,3 millones de euros.

De esta cantidad, 3,74 millones estarán destinados a impulsar la escolarización en el primer ciclo de educación infantil, con la creación de 606 nuevas plazas de titularidad pública, priorizando a niños de 1 y 2 años y en las zonas rurales.

El objetivo de este plan es compensar los efectos de las desigualdades económicas, sociales, territoriales y culturales en el alumnado. Después de que varias Comunidades, incluida Aragón, se pronunciaran al respecto, se amplió el plazo de ejecución hasta diciembre de 2025.

Además, la delegación aragonesa -integrada por el secretario general técnico, Manuel Magdaleno, y el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional- planteó que, en este tipo de fondos, se destine una cantidad mayor para el mantenimiento, reformas y equipamiento de las escuelas infantiles creadas, así como para sus gastos de funcionamiento.

Los otros 2,8 millones se destinarán al redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional, permitiendo la creación de hasta 1.500 nuevas plazas para satisfacer la creciente demanda de empleo que requiere una cualificación intermedia y la necesidad de adaptar la oferta formativa.

Por último, los remanentes del programa Código Escuela 4.0 financiarán, hasta diciembre de 2025, actividades de apoyo al profesorado para la integración del pensamiento computacional, los lenguajes de programación y la robótica, con un presupuesto cercano a los 50.000 euros.