La candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que si gana las elecciones del 28 de mayo, creará una oficina técnica contra la ocupación ilegal en la ciudad. Chueca también ha propuesto la conversión de la antigua cárcel de Torrero en un centro para personas mayores, un barrio con una tasa elevada de envejecimiento.

Chueca ha explicado durante su rueda de prensa que la vivienda es un asunto que preocupa a la sociedad y que la ocupación ilegal es un ejemplo de ello, como lo es en el caso de la antigua cárcel de Torrero. La finalidad del proyecto es que el centro de mayores no sea solo para las personas que lo tienen ocupado ilegalmente, sino para todos los vecinos de Torrero.

La candidata ha afirmado que el proyecto se llevará a cabo tras las elecciones del 28 de mayo. También ha destacado que hay varias opciones de rehabilitación y que se estudiará en profundidad, ya que requiere una inversión considerable. Por otro lado, el compromiso de Chueca es desalojar el edificio ocupado y ponerlo al servicio de todos los zaragozanos, especialmente de todas las personas mayores.

Respecto a la ocupación ilegal, Chueca ha criticado la Ley de Vivienda del Gobierno de España aprobada por el PSOE y sus socios. Según ella, lejos de defender la propiedad privada y dar herramientas para evitar la ocupación ilegal, esta ley pone dificultades para desahuciar a los ocupas ilegales y más trabas para que una familia pueda hacer frente a esta situación en sus viviendas. Ella destaca que el PP está en contra de esta ley y que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la derogará cuando sea presidente del Gobierno de España y presentará otra que dote de herramientas para desahuciar y recuperar los inmuebles arrebatados.

En cuatro años se han desocupado doce edificios en Zaragoza con las pocas herramientas municipales, ya que los ayuntamientos solo pueden actuar ante casos de amenaza de ruina o derribo. Además, se han invertido aproximadamente 4,5 millones en el entorno de las calles Pignatelli-Zamoray para comprar edificios y solares abandonados para luchar contra la ocupación ilegal. También existe un convenio con el Colegio de Abogados de Zaragoza para asesorar a las personas que sufren este problema y se han atendido 264 casos que se han podido solucionar y ayudar a estas personas en los dos últimos años.