ZARAGOZA, 4 de noviembre. En respuesta a los recientes datos de desempleo del INE, Comisiones Obreras en Aragón ha reiterado la urgencia de adoptar un modelo productivo que priorice el empleo digno y las condiciones laborales adecuadas. La organización denuncia la tendencia hacia la precariedad y la inestabilidad laboral, destacando que son obstáculos significativos para alcanzar un crecimiento económico sostenible y robusto en el tiempo.

El mes de octubre ha traído cifras preocupantes en relación al paro, con un incremento de 955 personas desempleadas en Aragón respecto al mes anterior, lo que representa un aumento del 2%. Esta comunidad autónoma se sitúa como la quinta con mayor crecimiento del desempleo en el país, superando con creces la media nacional, que se encuentra en un 0,91%. No obstante, comparando con el año anterior, el número de desempleados ha disminuido en 3.270 personas, lo que se traduce en un descenso del 6,28%. Actualmente, hay 48.770 aragoneses sin trabajo, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sin embargo, hay una luz en este panorama, ya que la tasa de temporalidad en el mercado laboral aragonés continuó su descenso. De los 45.572 contratos firmados, un notable 34% corresponde a contratos indefinidos, una cifra que supera la media del 8% registrada antes de la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021. Además, los contratos a tiempo completo, considerados los más estables, representan ahora el 17% del total, en comparación con un escaso 6,4% en el pasado. La temporalidad ha bajado a un mínimo histórico del 13,2%, frente al 27,1% previo a la citada reforma.

El análisis por género revela que, entre los desempleados, hay 18.638 hombres y 30.141 mujeres. En octubre se observó un aumento de 251 en el número de hombres desempleados y de 704 en el de mujeres, lo que representa que ellas conforman el 61,55% del total, mientras que los hombres alcanzan el 38,45%.

A nivel provincial, el desempleo ha aumentado en todas las áreas de Aragón. Teruel experimentó el mayor incremento porcentual, con un 4,43%, seguido de Huesca con un 2,57% y Zaragoza con un 1,64%. Las cifras actuales son de 6.543 parados en Huesca, 4.106 en Teruel y 38.130 en Zaragoza.

Sin embargo, al comparar con el año anterior, en las tres provincias se observa una disminución del paro: Huesca lidera con un descenso del 8,64% (-619 personas), seguido de Teruel con un -6,02% (-263) y Zaragoza con un -5,89% (-2.388 personas).

En cuanto a sectores económicos, el Sector Servicios concentra a 33.915 desempleados, seguido por Industria (5.265), Construcción (2.582) y Agricultura (1.914). Además, hay 5.103 personas que no tienen empleo anterior.

El único sector que muestra una caída en el número de desempleados es la Construcción, con una reducción de 60 personas. En contraposición, los sectores de Servicios han experimentado un aumento de 773 desempleados, Agricultura de 102, Industria de 91 y 49 en "sin empleo anterior". En la población trabajadora extranjera, se ha registrado una disminución del desempleo, alcanzando las 7.603 personas, concentrándose en su mayoría en el sector Servicios.

En términos de contratación, octubre trajo consigo la firma de 45.572 contratos en Aragón, aunque este número representa un descenso del 9,47% en comparación con septiembre. Aun así, respecto al mismo mes del año pasado, hay un leve incremento de 155 contratos (0,34%). De los acuerdos laborales, 15.536 fueron indefinidos (34,1%) y 30.036 temporales (62,1%). La afiliación a la Seguridad Social, por su parte, ha experimentado un aumento de 5.074 personas respecto al mes anterior, alcanzando un total de 632.562 afiliados.

Comisiones Obreras de Aragón enfatiza que es imperativo continuar fortaleciendo los derechos laborales, proponiendo reformas significativas. En primer lugar, se requiere una revisión de los costos y causas del despido para alinearlos con las recomendaciones de la Carta Social Europea, garantizando de este modo una adecuada protección para los trabajadores despedidos de manera improcedente. En segundo lugar, se plantea la necesidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin recorte salarial, lo cual no solo mejoraría la salud y el bienestar de los trabajadores, sino que también facilitaría una redistribución más equitativa de las horas laborales, combatiendo el subempleo y fortaleciendo la productividad económica.