ZARAGOZA, 21 de enero. En el marco de la creciente preocupación por las condiciones laborales en el ámbito de la atención a domicilio, el sindicato UGT ha manifestado su intención de iniciar una serie de movilizaciones y no ha descartado la posibilidad de recurrir nuevamente a la huelga. Este anuncio llega como resultado del significativo retraso en la licitación del nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza, una situación que, al mismo tiempo, retrasa la implementación de las mejoras salariales y laborales que deberían beneficiar a las trabajadoras del sector.

Angélica Mazo, secretaria de Sector Servicios Sociales y a la Comunidad de UGT Servicios Públicos Aragón, detalló que las trabajadoras se reunirán en asamblea esta tarde y que están organizando una concentración en la plaza del Pilar este miércoles. Además, están previstas otras acciones los días 28 de enero y 5 de febrero, culminando en una "gran manifestación" en febrero para reivindicar sus derechos laborales en relación con el SAD.

Respecto a la opción de convocar una nueva huelga, Mazo indicó que esta posibilidad está "en la mente" del sindicato, aunque reiteró que deben evaluarla "seriamente". La dirigente explicó que una huelga representa un costo económico considerable para un colectivo que ya de por sí enfrenta salarios muy bajos, lo que complica la decisión.

Mazo recordó que decidieron desconvocar la huelga en diciembre del año pasado debido a un compromiso "claro y firme" por parte de la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, en el que se aseguraba que el Ayuntamiento mantendría los refuerzos en el servicio. Este compromiso, que implicaba una mejora económica en el salario de las trabajadoras, les daba la garantía de que no perderían condiciones laborales adversas.

Sin embargo, a pesar de las promesas, las mejoras comprometidas y el nuevo pliego de condiciones no están siendo implementados. El Ayuntamiento aún no ha licitado un servicio que debería estar adjudicado y en funcionamiento desde el 1 de enero. Mazo expresó su frustración hacia la consejera, a la que acusó de estar "desaparecida" desde la Navidad, afirmando que sienten que las han "engañado".

Las ofertas de las empresas para el nuevo SAD fueron presentadas hace más de cinco meses, y, llegado este momento, el Ayuntamiento no ha abierto ni siquiera los sobres económicos. "Las ofertas técnicas han sido presentadas, pero el Consistorio todavía no las ha evaluado", lamentó Mazo, señalando que la licitación del servicio está íntimamente ligada al aumento salarial acordado en el convenio colectivo del sector.

La dirigente sindical señaló que la apertura de los sobres económicos estaba programada para el 26 de diciembre, pero aquel día el Ayuntamiento no solo no cumplió con el procedimiento, sino que tampoco notificó una nueva fecha ni a los sindicatos ni a las empresas involucradas. Mazo criticó la falta de diligencia del Consistorio, sugiriendo que "parece que todos estaban de vacaciones y ni siquiera se molestaron en programar una nueva apertura".

La dirigente sindical reveló que "cada mes que el Ayuntamiento no ejecuta el nuevo pliego, se están ahorrando 5,6 millones de euros", lo que podría sumar más de 33 millones si la situación persistiese durante medio año. Este ahorro resulta altamente perjudicial tanto para las trabajadoras, que no reciben el incremento salarial anunciado, como para los usuarios del servicio, quienes enfrentan la falta de nuevas altas en el SAD, mientras que el Ayuntamiento y las empresas, por otro lado, parecen salir "beneficiadas".

Las trabajadoras de este sector, cuyos salarios han permanecido entre 600 y 800 euros desde 2020 sin adquirir mejoras salariales, podrían ver postergada su situación hasta un año más, especialmente si alguna de las once empresas que se presentaron al proceso de licitación decide impugnar. "¿Qué sentido tiene que no se ejecute la licitación, que no se ofrezca el servicio y que las trabajadoras no puedan acceder a condiciones un poco más dignas?", se preguntó Mazo, quien propuso la posibilidad de establecer un acuerdo para habilitar una partida económica si existen dificultades para avanzar con el proceso de licitación.

Aún así, Mazo expresó su descontento con varios aspectos del nuevo pliego, entre los que se incluye el cambio de recorridos que implicaría desplazamientos que solían durar alrededor de diez minutos, pero que se extenderán hasta una hora, sin un correspondiente aumento en la compensación que reciben las profesionales del SAD. "No solo no les aumentan el salario, sino que además se verán obligadas a poner de su dinero o de su tiempo", lamentó.

En otro orden de ideas, la representante de UGT hizo un llamado a mejorar las condiciones laborales en el sector de la dependencia, considerado uno de los más precarios del país. Este sector se caracteriza por la alta tasa de jornadas parciales y por situaciones laborales que muchas trabajadoras enfrentan, aludiendo que, sin otras fuentes de ingresos en el hogar, "no pueden vivir solas".

"No podemos permitir que un sector tan precario siga perdiendo condiciones laborales y que el Ayuntamiento permanezca inactivo, sin dar la cara", enfatizó Mazo. A su juicio, tanto los sindicatos como el Gobierno autonómico, responsable de la normativa de dependencia, y el propio Ayuntamiento deben asumir la responsabilidad de gestionar el sistema en uno de los ámbitos más vitales del bienestar social. Es fundamental no solo mejorar la atención a las personas usuarias, sino también garantizar mejores condiciones laborales para quienes llevan a cabo esta labor.

La dirigente sindical también consideró que "la situación ideal" sería que todas las trabajadoras del SAD fueran empleadas municipales, aunque reconoció que esta aspiración es "extremadamente difícil" dado que las administraciones optan por externalizar estos servicios con el fin de ahorrar "un 50% o más" de los costos económicos.

Mazo explicó que en Zaragoza hay dos programas en funcionamiento: el SAD preventivo y el de dependencia. Este último, que atiende a personas con mayores necesidades, implica un servicio que se encarga de tareas fundamentales como levantar, acostar o alimentar a los dependientes que permanecen en sus hogares. Sin embargo, la gestión de este servicio recae en el Gobierno de Aragón, que delega en el municipio, y la situación laboral de sus trabajadoras es "aún peor" que la de las auxiliares de ayuda a domicilio, dado que "muchas no alcanzan los 800 euros" y deben trasladarse de un hogar a otro, a veces durante todo el día, para lograr un salario medianamente decente.

"Este sistema está pensado para operar las 24 horas. Aunque permite que los usuarios permanezcan en sus casas, las condiciones laborales son muy precarias para las trabajadoras, quienes tienen remuneraciones aún más bajas que las del sistema preventivo", subrayó Mazo, enfatizando que todas trabajan arduamente a lo largo de la jornada para poder obtener un ingreso que les permita subsistir.