El Gobierno de Aragón ha decidido dar un paso al frente al expresar su desacuerdo con la cofinanciación del Plan Corresponsables, argumentando que esta medida nunca había sido parte de su financiamiento.

En una carta enviada a la ministra de Educación, Pilar Alegría, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, demanda la intervención del Ministerio de Igualdad para revertir el recorte del 25% en los fondos destinados a este programa, o al menos que su departamento tome la responsabilidad de cubrir esos recursos.

Desde el Gobierno aragonés se han manifestado preocupaciones acerca de la exigencia del Ministerio de Igualdad, que ha establecido la obligación para las Comunidades Autónomas de aportar un cuarto de los fondos del Plan Corresponsables, a pesar de que el ministerio cuenta con un presupuesto adecuado para llevar a cabo esta iniciativa.

Hernández subraya que la administración regional no está agraviando la educación pública en Aragón, señalando que la responsabilidad recae en el Ministerio de Igualdad por exigir una cofinanciación que, según ella, recae en las familias. Esto se plantea como una carga económica adicional que no debería existir.

La consejera también ha puesto de manifiesto que el presupuesto del Plan Corresponsables está disponible y completo en el ministerio, sugiriendo que no se ha explicado adecuadamente cómo se destinarán esos fondos.

“La ministra solo mencionó que el dinero permanecería en el ministerio”, indicó Hernández, quien enfatizó que si la conciliación es una prioridad del Ministerio de Igualdad, esos recursos deberían ser utilizados completamente para los fines previstos, en un ejercicio de lealtad hacia las comunidades autónomas.

Además, ha criticado la forma unilateral en la que el ministerio ha impuesto esta cofinanciación a mitad del año fiscal, lo cual, según ella, contradice los compromisos previos con las Comunidades Autónomas en cuanto a los fondos destinados a la conciliación.

“No estamos negándonos a contribuir con lo que nos corresponde; es el ministerio el que está forzando esta cofinanciación para un programa que históricamente no se había financiado de esta manera”, enfatizó Hernández en su discurso.

En relación con la escuela rural, la consejera aseguró que no se verá afectada negativamente, ya que cuenta con compensaciones adicionales. Reiteró que ningún estudiante deberá enfrentar costos excesivos por esta imposición financiera.

Hernández recordó que la responsabilidad de la conciliación es compartida entre el ministerio y las comunidades. Si el Ministerio de Igualdad realmente desea abordarla de manera efectiva, deberían haber asumido el 100% del financiamiento desde el comienzo del programa, como corresponde.