
El pasado viernes, el pleno de las Cortes de Aragón fue escenario de un intenso choque entre el Gobierno regional y el grupo parlamentario de Vox, centrado en la delicada cuestión de la inmigración y la atención a menores migrantes. La consejera de Bienestar Social y Familia no dudó en poner de relieve las similitudes entre Vox y el partido Junts, haciendo una clara declaración: "No permitiré que conviertan el sistema de protección de menores en un espectáculo, porque mi deber es proteger a todos los menores, sin importar su origen".
En respuesta a una interpelación del diputado de Vox, David Arranz, la consejera le retó a manifestar de manera explícita si su intención es que el Gobierno de Aragón actúe al margen de la ley. Este comentario buscaba exponer lo que ella considera el verdadero carácter populista de Vox, similar al de Junts, en su enfoque sobre la legalidad y el orden constitucional.
“Es necesario que aclaren si están realmente comprometidos con el respeto a la Constitución y el Estado de derecho, o si, por el contrario, optan por operar fuera de esos márgenes, como lo hace Junts”, enfatizó, subrayando que el Gobierno de Aragón se mantendrá fiel al cumplimiento de la ley, incluso mientras continua impugnando aquellos actos que considera inconstitucionales. Esto se refiere, en particular, al reparto forzado de menores migrantes desde Canarias y otras ciudades autónomas, un proceso que, según su opinión, favorece exclusivamente los intereses políticos de Pedro Sánchez y se encuentra influenciado por presiones independentistas.
Arranz, en su intervención inicial, hizo eco de un reciente evento en Estados Unidos, citando al activista ultraconservador Charlie Kirk, quien perdió la vida a causa de la intolerancia, a la que acusó de provenir de “izquierdistas que no aceptan posturas patrióticas”. También expresó su creciente inquietud por el rechazo social hacia la "inmigración ilegal masiva", observando que el Partido Popular ha comenzado a ajustar su posicionamiento sobre el tema, aunque a su juicio, solo lo hace por interés electoral y no por convicciones auténticas.
En su argumentación, Arranz aseveró que Vox es el único partido que se presenta como firme defensor de un enfoque crítico hacia la inmigración descontrolada. Además, enfatizó que la prioridad en servicios sociales debe ser para los ciudadanos de origen aragonés, puntualizando que su partido no busca que esos recursos se destinen a extranjeros de otros países. “No pretendemos ser los servicios sociales de naciones como Marruecos o Argelia”, manifestó con vehemencia.
El diputado expresó su preocupación por el aparente desbalance en la asignación de recursos, indicando que se destina una proporción desmedida a atender a menores migrantes no acompañados en comparación con las necesidades de los ciudadanos aragoneses, especialmente en áreas como la pobreza infantil y la atención a personas mayores. Arranz incluso desafió las cifras presentadas por la consejera, afirmando que estaban desactualizadas.
Sobre el fenómeno de la inmigración, el representante de Vox describió la "llegada masiva" de inmigrantes como un "tráfico inmoral" que beneficia a las organizaciones mafiosas y a algunas ONGs. Afirmó que su partido había hablado anteriormente sobre hundir el negocio del tráfico de personas, enfatizando que este tipo de acciones no se referían a las vidas humanas, sino a acabar con lo que considera una industria lucrativa y nociva.
Asimismo, Arranz aplaudió la decisión del Gobierno de Aragón de recurrir los repartos de menores, aunque criticó a los populares por no profundizar en el problema de fondo que implica aceptar estos traslados. En este contexto, instó a la realización de pruebas de edad, sugiriendo que una considerable cantidad de estos menores podrían en realidad ser adultos.
Finalmente, en su réplica, la consejera Susín reafirmó el compromiso del Ejecutivo de oponerse a las imposiciones provenientes del Gobierno central, las cuales considera una intrusión a las competencias autonómicas. Subrayó que, aunque por principio el Gobierno debe cumplir las leyes, cuestionó la postura de Vox y les instó a dejar de propagar rumores infundados sobre las pruebas de edad, asegurando que todos aquellos en el sistema de protección han sido validados y certificados por el Instituto de Medicina Legal y Fiscalía. “No permitiremos que pase ninguna persona no acreditada como menor”, concluyó con firmeza.
Categoría:
Newsletter
Entérate de las últimas noticias cómodamente desde tu mail.