20 de marzo, Zaragoza. Hoy, los representantes de diversas organizaciones sindicales de médicos han solicitado la anulación inmediata del decreto que modifica la operativa de Atención Primaria en Aragón. En un comunicado reafirmaron su determinación, advirtiendo que la huelga prevista para el próximo 24 de marzo promete ser de gran magnitud. "No vamos a dar marcha atrás", declararon, mientras afirmaron que continuarán con las negociaciones con la Consejería de Sanidad.

Durante una rueda de prensa, los sindicatos se hicieron escuchar a través de voces destacadas como Leandro Catalán, presidente de Fasamet; Mercedes Ortín, secretaria general de CESMAragón; y María Cruz Oliván, secretaria autonómica de Satse. Los líderes sindicales explicaron su oposición al decreto y detallaron las movilizaciones programadas.

Las acciones de protesta se intensificaron hoy con paros breves de 15 minutos en todos los centros de salud de Aragón, llevados a cabo entre las 12:00 y las 12:15 horas. Varios de los representantes sindicales estuvieron presentes en la concentración frente al Centro de Salud de La Jota en Zaragoza.

Ortín, de CESMAragón, alertó sobre las repercusiones negativas del decreto para la calidad del servicio sanitario, señalando que genera una "imponente frustración" entre los profesionales, a quienes les quita el sueño por la incertidumbre que crea.

La propuesta de modificación incluye cambios significativos, como la integración de los médicos de Atención Continuada en la Atención Primaria. Esto implica que la Demanda Urgente de Atención Primaria (DUAP) en Zaragoza se trasladará de varios centros de salud a los centros de especialidades, una reestructuración que ha causado inquietud entre el personal médico.

El descontento es palpable: hasta 400 médicos y enfermeros se manifestaron en una asamblea reciente y persuadieron a sus sindicatos para que rechazaran el decreto. “No pueden estar equivocados cuatrocientos compañeros”, enfatizó Ortín, quien agregó que el acuerdo sobre el decreto se gestó en una negociación que excluyó a los sindicatos que realmente representan a los profesionales de la salud.

La representante sindical también subrayó que la responsabilidad recae directamente en el gobierno aragonés y en la Consejería de Sanidad, enunciando varios motivos para su oposición, incluido el carácter improvisado del decreto y la falta de diálogo. Sostuvieron que la normativa no solo pone en riesgo la atención de calidad, sino también la seguridad de los pacientes.

Por si fuera poco, Ortín mencionó que la huelga cuenta con el respaldo amplio de la ciudadanía, evidenciado por la participación de pacientes, consejos de salud y diversas organizaciones científicas. Informó que el miércoles pasado, las Cortes de Aragón aprobaron, con el apoyo de todos los partidos menos el PP, una resolución demandando la revocación del decreto.

Leandro Catalán, presidente de Fasamet, se disculpó por los inconvenientes que traerá la huelga del 24, la cual describió como "poco placentera". Indicó que los servicios mínimos establecidos son insuficientes, al contar solo con un médico, un pediatra y un enfermero por turno, lo que complicará la atención tanto presencial como domiciliaria. También expuso que la población no ha sido adecuadamente informada, ejemplificando con el hecho de que "las agendas de ese día están abiertas".

En este contexto, anunciaron que enviarán un documento al Departamento de Sanidad para liberar a los profesionales de cualquier responsabilidad ante las posibles consecuencias de los servicios mínimos que se implementen.

Catalán reafirmó la intención de asistir a las reuniones con Sanidad, abiertos al diálogo, y recalcó que están dispuestos a volver a la mesa de negociación varias veces si es necesario. “No será la primera vez que desconvocamos una huelga a las 5 de la mañana”, subrayó.

Por su parte, Ortín de CESMAragón acusó al gobierno aragonés de estar “creando” una narrativa tras intentar “imponer” un decreto que alteraría la atención tanto en Zaragoza como en el ámbito rural. Criticó que el Departamento de Sanidad no estaba al tanto de las implicaciones de lo que estaba proponiendo.

Recordó que antes, la Atención Continuada estaba a cargo de los profesionales del 061, quienes cumplían turnos en los centros de salud. En el 2024 se introducirá la figura de médicos y enfermeras de Atención Continuada, aunque ella argumentó que el modelo anterior funcionaba a la perfección, reduciendo la carga en las urgencias hospitalarias y requería escasos recursos humanos para operar.

“No me importa si trabajo en un centro de especialidades o en un Punto de Atención Continuada, el problema es que no se puede engañar a la población”, afirmó, añadiendo que el Gobierno de Aragón está “vendiendo” soluciones que, según ella, no podrán realizarse debido a la falta de especialistas durante los fines de semana.

Reiteró que el Gobierno de Aragón debería archivar el decreto y "madurarlo un poco", señalando que su implementación no es urgente, dado que hay un plazo hasta enero de 2026 para que entre en vigor la jornada de 35 horas para los trabajadores del sector.

Finalmente, María Cruz Oliván, representante de Satse, expuso las críticas hacia el primer documento presentado por Sanidad el pasado 18 de febrero, al considerarlo “ambiguo” y “poco claro”. Indicó que el tiempo proporcionado para presentar alegaciones fue “excesivamente breve”.

Oliván también mencionó las reuniones sostenidas con la Consejería en días recientes, expresando su desconcierto respecto a los motivos de tales encuentros. Mientras tanto, las movilizaciones continuarán, con fechas de concentración programadas para el 24 y el 31 de marzo en la plaza de la Convivencia, frente a las sedes de la Consejería de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud.