La legisladora de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha manifestado de forma contundente su deseo de expulsar del país a las personas que han ingresado de manera irregular, al mismo tiempo que argumentó en contra de la decisión del Gobierno de Aragón de revocar licencias de hotel a cuatro establecimientos que colaboran en programas de acogida.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, Rouco se pronunció sobre las medidas que ha tomado el Gobierno aragonés, argumentando que su partido nunca ha propuesto retirar las licencias a los hoteles y no se siente satisfecha con soluciones temporales. En este contexto, criticó al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, por no abordar la cuestión de los inmigrantes irregulares directamente.

“¿Por qué, en lugar de afectar a los hoteles, no se decide expulsar a quienes han transgredido la ley?”, se preguntó Rouco, insistiendo en que los inmigrantes que no respetan las normativas deben ser devueltos a sus países de origen, en línea con lo que ella considera sentido común y conforme a nuestras leyes vigentes.

En sus declaraciones, también calificó de "cruel" la postura del Gobierno de Aragón, el cual, según ella, impone una carga febril a los empresarios hoteleros, quienes construyen sus negocios con sacrificio y deben hacer frente a las consecuencias de una política migratoria que a su juicio ha sido mal dirigida y experimentada con hipocresía desde el Gobierno de Jorge Azcón.

Rouco argumentó que durante la conferencia sectorial de julio de 2024, la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, tuvo la oportunidad de rechazar firmemente la inmigración ilegal, pero optó por una respuesta que, según ella, solo ha servido para aumentar la inseguridad y el deterioro de la convivencia en los barrios.

La decisión de la conferencia sectorial llevó a la salida de Vox del Ejecutivo autonómico en julio de 2024. Rouco también criticó que el Departamento de Bienestar Social y Familia haya actuado precipitadamente en la búsqueda de viviendas para los inmigrantes irregulares que se han recibido recientemente.

La diputada expresó su indignación por la situación de los jóvenes aragoneses, quienes enfrentan una crisis de vivienda por los altos precios, mientras que, según ella, el Gobierno da preferencia a quienes ingresan de manera ilegal y nunca han contribuido al país.

Según Rouco, es inaceptable que el Gobierno de Aragón, por medio del Partido Popular, convierta a los hoteleros en chivos expiatorios de problemas que son estructurales y que, a su juicio, han sido alimentados por mafias y organizaciones que se benefician de la migración ilegal.

Asimismo, la legisladora calificó de “cobardía” la acción de revocar licencias como una medida simbólica que no aborda las causas profundas y acusó al Gobierno de despilfarrar recursos en ONGs que, asegura, están involucradas en el tráfico de personas. En su intervención, mencionó que los hoteles afectados están gestionados por APIP-ACAM.

Rouco demandó una política más firme contra las entidades que se benefician de la migración irregular, sugiriendo que el Gobierno aragonés debería seguir el ejemplo del presidente de la Comunidad Valenciana, Pérez Llorca, y eliminar la financiación a estas organizaciones para que no haya necesidad de tomar medidas contra los hoteles.

Finalmente, Rouco se dirigió directamente al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Balsco, instándoles a facilitar el trabajo de los pequeños empresarios y a cesar de ahogarlos con burocracia, al tiempo que exigió la deportación de los inmigrantes irregulares y la aplicación de la ley en el tratamiento de menores extranjeros no acompañados.