En un golpe significativo contra la explotación laboral y la trata de personas, la Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo la 'Operación Lhotse-Tiger', que ha resultado en la desarticulación de una red criminal que tenía su base en Zaragoza. Durante esta operación, se lograron liberar a 45 personas que estaban siendo sometidas a condiciones de trabajo inhumanas en diversas fincas agrícolas situadas en varias comunidades autónomas, incluyendo Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Las fuerzas de seguridad han detenido a un total de nueve individuos, de los cuales tres han sido arrestados en Zaragoza, tres en Ávila, dos en Cáceres y uno en Barcelona. De estos detenidos, tres permanecen en prisión bajo la acusación de explotación laboral, documentaciones fraudulentas y pertenencia a una organización criminal.

La investigación ha puesto al descubierto una red organizada compuesta principalmente por personas de origen pakistaní y argentino, quienes se especializaban en atraer a migrantes vulnerables de países como Nepal, Pakistán e India con falsas promesas de empleo digno en España. Estos migrantes, engañados y en búsqueda de una vida mejor, se convertían en víctimas de un sistema de explotación brutal, explica el Instituto Armado.

Los descubrimientos realizados indicaron que la organización ofrecía mano de obra a diversas empresas a lo largo del país, aprovechándose de la precariedad económica y la situación irregular de sus víctimas. Además, estas personas eran alojadas en condiciones deplorables y estaban bajo un estricto control, sin acceso a documentos y obligadas a pagar por los servicios básicos como el alojamiento y el transporte hacia sus trabajos.

La investigación comenzó en 2024, cuando una inspección reveló la existencia de trabajadores de origen asiático viviendo en circunstancias lamentables dentro de un almacén de alimentos en Candeleda, Ávila. Este operativo resultó en la detención de tres sujetos: uno encargado de la supervisión de las mujeres y dos responsables de la empresa, cómplices al aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

En un contexto paralelo, se registraron condiciones similares en Valverde de la Vera, Cáceres, donde se descubrieron a siete trabajadores nepalíes que también sufrían explotación laboral. Estos empleados, que vivían en la indigencia y utilizaban documentación falsa, revelaron el alcance del abuso al que eran sometidos.

La sinergia entre ambas investigaciones condujo a una intervención conjunta por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que resultó en nuevas detenciones y la salvación de más víctimas. En Barcelona, se ejecutó un registro donde se arrestó a un individuo que exigía dinero a uno de los trabajadores explotados como condición para devolverle su documentación. Al mismo tiempo, se arrestaron a dos figuras clave en la explotación agrícola en Cáceres.

Finalmente, con un año y medio de investigación tras de sí, los efectivos de seguridad se centraron en los miembros de la organización responsables de captar y explotar a los migrantes nepalíes. Se llevaron a cabo también dos registros simultáneos en hogares en Caspe, Zaragoza, donde arrestaron a tres integrantes del grupo, incluyendo a sus líderes, y liberaron a más de veinte migrantes que eran forzados a vivir en condiciones deplorables y hacinadas.

Estos trabajadores vivían en condiciones infrahumanas, durmiendo en colchones amontonados y compartiendo un solo baño en instalaciones deterioradas. Procedían de Europa del Este y estaban atrapados en un ciclo de extrema pobreza, con documentación falsa y obligados a pagar 100 euros al mes, además de siete euros diarios para ser transportados a sus lugares de trabajo.

Los explotadores, además, se involucraban en el proceso de colocación laboral al tratar directamente con los dueños de las empresas, asegurándose así una parte del salario de sus víctimas, perpetuando un círculo vicioso de abuso que debe ser erradicado urgentemente.