ZARAGOZA, 21 de noviembre. - Jorge Pueyo, diputado de Sumar y miembro de Chunta Aragonesista, ha tomado la iniciativa al presentar una proposición no de ley en el Congreso, la cual busca una mayor transparencia por parte de los centros de datos en cuanto a su consumo de energía y agua. Esta acción surge como respuesta a la necesidad de implementar la normativa europea que obliga a las empresas a rendir cuentas sobre su huella ambiental. Además, Pueyo ha solicitado la creación de un plan que regule el crecimiento de estas instalaciones, evaluando su impacto ambiental y promoviendo prácticas sostenibles.

En una reciente rueda de prensa, Pueyo estuvo acompañado por Mar González, co-portavoz federal del Partido Verde. Ambos insistieron en que la expansión desmedida de centros de datos en Aragón está ocurriendo de manera caótica, carente de planificación y de una clara rendición de cuentas sobre su consumo de recursos. "Estamos viendo una proliferación de estos proyectos sin una estrategia clara", subrayó Pueyo.

Pueyo enfatizó que muchas multinacionales están eligiendo Aragón como su destino para establecer centros de datos debido al atractivo de costos bajos en tierra e impuestos, así como por la ubicación geográfica de la región que permite un fácil acceso a la conectividad global. Asimismo, estas empresas apuestan por la posibilidad de instalar vastas extensiones de energías renovables.

El parlamentario de CHA advirtió sobre el impacto que tendrán los próximos proyectos de gigantes como Amazon y Microsoft, que se prevé consumirán el doble de electricidad que toda la comunidad autónoma. En total, los 28 centros de datos planeados podrían demandar cinco veces más energía de la que consume actualmente Aragón, a la par que utilizarían 40.000 hectáreas adicionales para energías renovables.

"La falta de una planificación adecuada puede generar más problemas que beneficios", afirmó Pueyo, aludiendo a la experiencia de ciudades como Marsella, donde el crecimiento desmedido de centros de datos ha impedido el desarrollo industrial y ha agudizado la saturación del suministro eléctrico. Problemas similares han sido reportados en Irlanda y Suecia.

El legislador aragonés también cuestionó las políticas del gobierno autonómico de Jorge Azcón, quien, según él, está "abriendo las puertas" a estas multinacionales sin considerar los efectos a largo plazo, habilitando los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) para facilitar su llegada, presentándolos como inversiones valiosas.

Pueyo denunció que estas empresas están "extrayendo recursos de Aragón sin costo alguno" y se preguntó si Zaragoza podría terminar siendo "la nueva Marsella". También criticó la falta de planes para la recuperación de recursos críticos y condenó la "mala gestión" del gobierno de Azcón, subrayando que los nuevos centros de datos carecen de proyectos industriales sustentables.

“Aragón está sediento, y los centros de datos también lo están", enfatizó Pueyo, quien agregó que "no podemos seguir regalando nuestros recursos". Aclaró que el problema no radica en la construcción de un centro de datos en sí, sino en el modelo especulativo que los rodea.

Por su parte, Mar González instó a evitar que España repita el error de priorizar la creación de empleo con un enfoque depredador hacia los recursos naturales. González advirtió que la proliferación de centros de datos sin una planificación adecuada podría llevar a una nueva burbuja económica. Se opuso a un modelo que convierte el agua y la energía en meramente combustible económico para iniciativas privadas que no generan un retorno social significativo, afectando las condiciones ecológicas, que terminan socializándose. Hizo un llamado a la necesidad de establecer líneas claras de eficiencia y transparencia.

La dirigente del Partido Verde declaró que "cualquier proyecto digital debe ser ambientalmente autosuficiente y respetar la seguridad hídrica y energética de la población", insistiendo en que es momento de acabar con los relatos triunfalistas. El Partido Verde se comprometió a evitar que Aragón y España se conviertan en “laboratorios” para modelos extractivos que no beneficien al conjunto de la sociedad.