ZARAGOZA, 9 de junio. La Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón llevará a la próxima sesión de la Comisión de Bienestar Social y Familia una propuesta destinada a fortalecer tanto el alcance como las cantidades de la prestación autonómica complementaria al Ingreso Mínimo Vital (IMV). La razón detrás de esta solicitud radica en que muchas familias aragonesas no están recibiendo apoyo económico de ninguno de los dos programas.

El diputado Álvaro Sanz, acompañado de la responsable de Derechos Sociales y Feminismo del partido, Marga Deyá, ha calificado la prestación complementaria de "miserable". En el año 2024, solo 61 personas en Aragón recibieron esta ayuda, contrastando con las 16,000 que se beneficiaron del IMV, lo que evidencia una gran disparidad en el acceso a estos recursos.

Sanz ha instado al Gobierno de Aragón a que “cumpla con sus deberes” y establezca políticas efectivas para garantizar ingresos a aquellas personas en situaciones vulnerables. El diputado enfatizó que estas políticas deben alejarse del asistencialismo y alinearse con las necesidades reales de la población, destacando que se trata de una competencia del gobierno autonómico.

El representante de IU criticó al Gobierno autonómico del Partido Popular, afirmando que está más enfocado en la propaganda y el enfrentamiento que en abordar los desafíos de la creciente desigualdad y pobreza. “Se está ignorando una realidad palpable: muchas familias aragonesas carecen de garantías de ingresos a pesar de ser reconocidas como vulnerables”, afirmó Sanz.

Esa preocupación no solo emana de IU, sino que se ve respaldada por el último informe de la Red Aragonesa de Inclusión Social, que revela que de 1,700 personas en situación de vulnerabilidad, apenas 256 (22%) percibían alguno de los dos tipos de ayuda económica, lo que demuestra la ineficacia del sistema actual.

El diputado añadió que este problema no es nuevo y que ya lo habían señalado durante la legislatura anterior cuando el PP también mostró críticas. Le exigió que ahora actúe conforme a sus palabras y cumpla con sus responsabilidades.

Además, Sanz hizo una comparación entre la actual prestación complementaria y el antiguo Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que en 2020 destinó 53 millones de euros a ayudas, mientras que la prestación complementaria de 2024 solo alcanzó los 2.5 millones. Esta diferencia pone de manifiesto la falta de inversión en políticas de asistencia social en Aragón.

El representante de IU desmintió la afirmación de que la pobreza haya disminuido desde entonces. Aunque el IMV llega a un mayor número de personas, sostuvo que no es suficiente. Instó al Gobierno regional a “no esconderse” detrás de esta prestación estatal y a asumir su responsabilidad para que “ninguna persona se quede atrás” en su búsqueda de una vida digna.

Marga Deyá se unió a esta crítica, resaltando el "déficit brutal" de la gestión del Gobierno de Aragón en relación con el apoyo a la población vulnerable. “Solo se han otorgado 61 prestaciones aragonesas complementarias frente a las 16,000 del IMV en 2024”, enfatizó.

Deyá subrayó que aunque el PP se escude en el IMV, esta ayuda estatal es solo un primer paso que no puede atender todas las necesidades de la población. Afirmó que corresponde a las comunidades autónomas desarrollar sus propias rentas mínimas para abordar todos los contextos sociales.

Recordando que la legislación aragonesa facilita la inclusión de más colectivos en el IMV, Deyá hizo hincapié en que se debe actuar para que aquellos grupos que actualmente quedan fuera reciban el apoyo que necesitan. Junto a su propuesta, IU solicita la realización de un estudio en los siguientes tres meses para identificar a todos estos colectivos.

También se espera que este estudio sea incorporado en el reglamento antes de que concluya 2025, y que se instale una comisión de seguimiento que permita actualizar la prestación complementaria de manera periódica, similar al IMV.

Finalmente, Deyá propuso poner en marcha una “ayuda de urgencia” para quienes están en medio del proceso de tramitación del IMV y que aún no han comenzado a recibirla. Esta medida, aunque contemplada en la ley, nunca se ha implementado. Afirmó que el Gobierno de Aragón cuenta con la habilidad y las competencias necesarias para ejecutar estas acciones, y que la única falta es la voluntad política para llevarlas a cabo.