El 29 de marzo en Zaragoza, Izquierda Unida Aragón ha expresado su postura enérgica contra la propuesta de modificación del Código Foral en relación con el régimen de custodia, la cual aboga por restablecer la preferencia por la custodia compartida en detrimento de otros modelos de convivencia familiar.

Según esta formación política, la reforma es superflua y representa una amenaza para la protección efectiva de los derechos de las infancias. La perspectiva de Izquierda Unida sugiere que esta iniciativa se basa en una interpretación errónea del concepto de igualdad.

Álvaro Sanz, portavoz de Izquierda Unida Aragón, ha manifestado: "Se confunde la igualdad con la equidad, mientras que aún estamos lejos de alcanzar una igualdad genuina. Es crucial revisar cada situación de manera individual para evitar que se agraven las desigualdades y garantizar que los menores estén en el entorno más adecuado".

Además, Sanz ha argumentado que la propuesta no se justifica, dado que la custodia compartida ya goza de una amplia aceptación en la comunidad aragonesa. Al imponer una preferencia predeterminada, advierte que se podría menoscabar la valoración del interés superior de los menores y erosionar la capacidad de los jueces para tomar decisiones informadas y justas en cada caso.

Como parte de su exposición, Izquierda Unida ha solicitado la eliminación del artículo único de la reforma, proponiendo en su lugar enmiendas que restauren la redacción consensuada de 2024. Esta versión abarcaba no solo la custodia de los menores, sino también aspectos relacionados con la convivencia de todos los hijos e hijas, incluyendo aquellos que ya han alcanzado la mayoría de edad.

“Es esencial erradicar la preferencia hacia un tipo específico de custodia, considerando la corresponsabilidad previa, que refleja los lazos establecidos entre padres e hijos y está vinculada a la estabilidad emocional de los más jóvenes”, añadió Sanz.

Un aspecto destacado en las enmiendas es la necesidad de que la custodia compartida no afecte negativamente la atención a las necesidades materiales de los menores. En este sentido, proponen establecer una pensión alimentaria ajustada a las posibilidades económicas de cada progenitor, asegurando así condiciones de vida similares en ambos hogares.

“No podemos permitir que las razones económicas sean el motor detrás de las solicitudes de custodia compartida. De hecho, el 80% de estas peticiones se desisten en el momento en que se considera la obligación de una pensión alimentaria”, enfatizó el portavoz.

Por último, desde Izquierda Unida subrayan la imperiosa necesidad de que en situaciones de separación no consensuadas, se tomen medidas que impidan que los menores se enfrenten a contextos de conflicto o casos de violencia que no han sido denunciados.

“Una norma general que ponga en peligro la integridad de los menores no puede ser aceptable. Cada caso debe ser evaluado con rigor, sin prejuicios, asegurando que la convivencia familiar sea beneficiosa y no perjudicial”, concluyó Sanz.