El pasado 7 de octubre, en Zaragoza, el coordinador general de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, y el responsable de Modelo Productivo de la misma organización, Jesús García Usón, dieron una rueda de prensa en la que expresaron su firme oposición a las recientes decisiones del Gobierno de Jorge Azcón en relación al controvertido proyecto del tobogán de Panticosa, en la provincia de Huesca.

Durante su intervención, Sanz denunció lo que considera “prácticas inaceptables”, señalando que las ayudas directas otorgadas por Azcón a ciertos aliados son una clara violación de la ética pública. Según él, las inversiones que se están llevando a cabo a través del Plan Pirineos se orientan a favorecer intereses particulares en lugar de servir al bien común y no abordan los desafíos que el cambio climático plantea para nuestras montañas.

El diputado apeló a la memoria colectiva de la legislatura anterior, aludiendo a una “excesiva dependencia de fondos públicos” para financiar proyectos que, en su opinión, agravan la situación medioambiental. Hizo especial hincapié en el intento de unir las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través de Canal Roya, un plan que fue detenido gracias al rechazo social y que contradice la creación de un Parque Natural de Anayet, entre otros. También mencionó obras como el telecabina de Benasque y la ampliación de Cerler hacia Castanesa como ejemplos de desarrollos perjudiciales.

Según Sanz, el actual Gobierno ha tomado estos proyectos previos y los ha reempaquetado bajo una campaña publicitaria atractiva, creando lo que él describe como un “Plan Pirineos” que no es más que una recopilación de propuestas mal fundamentadas que buscan beneficiar a ciertos grupos. Resaltó que la intervención de la administración señala que las estrategias utilizadas, como las ayudas directas, carecen de adecuadas condiciones de competencia y gestión trasparente.

Por su parte, García Usón subrayó que el tobogán de Panticosa se financia casi completamente con recursos del Gobierno de Aragón, además de una subvención del Ayuntamiento de Panticosa. El Gobierno de Azcón ha aprobado una ayuda de 4 millones de euros en 2024, que se ha incrementado a 7,7 millones durante la prórroga presupuestaria de 2025, alegando que se trata de iniciativas de interés social y económico.

Sin embargo, García Usón no dudó en calificar esta ayuda como un claro favorecimiento a aliados cercanos de Azcón, alertando que la Intervención ha emitido un informe que cuestiona la legalidad y la transparencia de dichas ayudas. Advirtió que carecen de la necesaria concurrencia competitiva y que se está ignorando la igualdad de oportunidades entre los ayuntamientos de la región.

Ambos representantes de IU mostraron su determinación de continuar denunciando el uso irresponsable de fondos públicos que priorizan intereses privados especulativos, mientras la responsabilidad ambiental se descuida. Prometieron llevar estos casos de deterioro medioambiental a instancias europeas, ya que argumentan que no cumplen con los estándares de protección ambiental establecidos.