El 27 de noviembre en Zaragoza, Tomasa Hernández, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, se presentó ante las Cortes autonómicas para discutir un tema crucial: la implementación de la educación gratuita para niños de cero a tres años, que ella describe como "una medida social de vital importancia".

Durante su discurso, la consejera subrayó que esta iniciativa estará disponible en toda la Comunidad Autónoma, aunque su efectividad depende de la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026. Esta propuesta busca asegurar que todos los niños en la región puedan acceder a una educación de calidad desde los primeros años de vida.

Hernández especificó que la financiación de las aulas de dos a tres años se destinará de la siguiente manera: se invertirán 39.600 euros en aulas con 15 a 18 alumnos, y 35.000 euros en aulas con entre 10 y 14 estudiantes. Las aulas que no alcancen el mínimo de diez alumnos no recibirán este apoyo, aunque se contempla cierta flexibilidad para el ámbito rural.

Con respecto a las escuelas conveniadas, la consejera aclaró que se permitirán convenios únicamente con entidades locales o sin ánimo de lucro, manteniendo un modelo de subvenciones para el resto.

Las aulas que se enfoquen exclusivamente en niños de 2 a 3 años recibirán una financiación de 22.000 euros por aula y curso, sumando esta cifra a los fondos ya asignados por el Gobierno de Aragón. Para las aulas mixtas, que incluyen edades de 0 a 3 años, se destinarán 150 euros por alumno de 2 a 3 durante diez meses del año escolar.

Las guarderías que actualmente solo cuentan con licencia municipal tendrán un periodo de adaptación de tres años para cumplir con los estándares establecidos por el Gobierno de Aragón en términos de infraestructura y titulación del personal.

Hernández enfatizó que la financiación cubrirá el primer ciclo de educación durante diez meses del año, asegurando cinco horas diarias de atención en esta etapa crucial del desarrollo educativo.

La consejera defendió esta política como un compromiso del Gobierno con la ciudadanía, recordando que la inclusión de esta medida también figura en el programa electoral del PP a nivel nacional. La libertad de elección de centro, según dijo, es un derecho fundamental y es fundamental promover la convivencia entre las distintas redes educativas, algo que el PSOE facilitó con la creación de la concertación educativa en 1986.

“Nuestra meta es construir un sistema educativo que responda a los desafíos contemporáneos, tanto sociales como tecnológicos, y para eso necesitamos a todos los actores involucrados”, concluyó Hernández.

La consejera también destacó que los beneficios de la escolarización temprana son evidentes, al contribuir significativamente al rendimiento académico y al desarrollo de competencias sociales y emocionales, ayudando así a prevenir el fracaso escolar y beneficiando en general al sistema educativo.

Además, bajo este modelo, se busca respaldar la conciliación entre la vida personal y la laboral, ofreciendo un apoyo considerable y ahorro económico a las familias monoparentales y a aquellas en las que ambos padres trabajan. Se trata, dijo, de una medida equitativa destinada a asegurar que todos los niños tengan acceso a educación de calidad.

Sin embargo, Hernández expresó su decepción ante la falta de colaboración del Ministerio de Educación para acceder a fondos europeos que apoyarían esta iniciativa, enfatizando que el Gobierno de Aragón está comprometido a ayudar a las familias y a los estudiantes.

Desde el Partido Popular, la parlamentaria Elena Allué abordó el debate enfatizando la urgencia de atender las necesidades de las familias que requieren el apoyo constante de la administración pública, criticando que en el resto del país la administración se muestra rezagada respecto a estas demandas concretas.

En respuesta, María Rodrigo del PSOE argumentó que la consejera no ha prestado atención a las recientes movilizaciones en favor de la escuela pública que tuvieron lugar en Zaragoza, y acusó a Hernández de estar implementando un "plan ideológico" que más que promover la concertación educativa, impulsa una forma de privatización de la educación inicial.

Por su parte, Fermín Civiac de Vox expresó su apoyo al modelo propuesto, argumentando en favor de la colaboración pública-privada, al tiempo que era crítico con aquellos que se oponen a la financiación de iniciativas del tercer sector.

Civiac rechazó la idea de que la aprobación de los presupuestos de 2026 deba ser un condicionante para la implementación de esta política, afirmando que su partido no se alineará con presiones externas a la hora de establecer mecanismos de educación gratuita para los más pequeños.

Isabel Lasobras de CHA, en un tono crítico, interrogó a Hernández sobre la confianza de la comunidad educativa en su liderazgo, sugiriendo que la manifestación en defensa de la educación pública podría ser un indicativo del descontento generalizado. Además, cuestionó el verdadero compromiso del Gobierno en cuanto a la financiación necesaria para esta iniciativa.

Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, mostró su apoyo a la propuesta, pero planteó interrogantes sobre cómo se garantizaría su implementación en áreas rurales y si la educación de 0-3 años sería obligatoria o opcional.

Desde Podemos, Andoni Corrales dejó claro que el partido aboga por un modelo educativo completamente público, criticando cualquier inclinación hacia la educación concertada o privada, que consideró inadecuada para las necesidades actuales.

Finalmente, Álvaro Sanz de IU llamó a la consejera a asumir la responsabilidad de proteger lo público, instando a un enfoque que priorice la educación como un bien común, reafirmando la importancia de mantener el interés general por encima de agendas privadas.

Alberto Izquierdo del PAR apoyó la idea de optimizar recursos existentes y promovió la libertad de elección de centro como una solución viable, sugiriendo que la colaboración con la educación privada no debe ser demonizada pero sí gestionada con responsabilidad.