24h Aragón.

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Emergencia de protección civil en zonas de Aragón declarada por el Gobierno.

Emergencia de protección civil en zonas de Aragón declarada por el Gobierno.

El Gobierno ha declarado como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a territorios de 14 comunidades autónomas que han sufrido un total de 175 sucesos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales o catástrofes de todo tipo entre el 27 de febrero y el pasado 14 de septiembre.

Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estos sucesos han provocado daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican la intervención de la administración.

Las comunidades autónomas que se beneficiarán de las ayudas previstas en la ley son Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja y la Región de Murcia.

El ministro Marlaska ha destacado que entre las emergencias que han motivado esta declaración se encuentran el temporal en las provincias de Burgos, Navarra, La Rioja y Zaragoza, la DANA en Baleares, y los numerosos incendios forestales registrados en una parte sustancial del territorio nacional.

Esta intervención del Gobierno se apoya en el principio de solidaridad interterritorial y es subsidiaria a las actuaciones que desarrollen las comunidades autónomas. La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil permite a los afectados reclamar al Estado las ayudas previstas por daños personales o la destrucción de la vivienda habitual.

El Ministerio del Interior estudiará también medidas como la exención de tasas en la Jefatura Central de Tráfico, mientras que otros departamentos ministeriales valorarán beneficios fiscales y distintas ayudas. Estas ayudas estarán exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Además, se podrán acordar medidas laborales, bonificaciones en las cuotas de la seguridad social y ayudas a las corporaciones locales para reparar infraestructuras dañadas. Estas obras podrán contratarse por el procedimiento de emergencia si es necesario, según Marlaska.