El debate sobre la energía y su sostenibilidad ha cobrado un nuevo impulso en Aragón. Marcel Iglesias, diputado del Partido Socialista, ha hecho un llamado urgente este viernes para que se implemente una moratoria sobre las plantas de baterías 'stand-alone' en el Pirineo, en respuesta a la creciente preocupación de la población local frente a la proliferación de proyectos de instalación en la región. Iglesias plantea que la instalación indiscriminada de estas plantas debe ser detenida temporalmente hasta que se elabore un Plan Aragonés de Ordenación de Recursos Energéticos que cuente con el apoyo de las autoridades municipales.

El político ha señalado que la cantidad de proyectos en curso genera inquietud, ya que cada planta podría requerir la utilización de 100 camiones para su operación. “Es fundamental que reflexionemos sobre el impacto de estas instalaciones en áreas donde el turismo es esencial para la economía local”, agregó, enfatizando la necesidad de un enfoque equilibrado y sensato en la gestión de recursos energéticos.

Para poner en marcha su iniciativa, Iglesias ha presentado una propuesta en las Cortes de Aragón, donde no solo solicita la suspensión de las licencias, sino que también busca respaldar legalmente a los ayuntamientos de la zona del Pirineo, como Benasque y Sesué, que están lidiando con la presión de estos nuevos proyectos. Estas localidades están defendiendo su derecho a decidir sobre el futuro de su territorio, y es crucial que se les otorguen herramientas legales para hacerlo.

El diputado subraya la importancia de que el Gobierno de Aragón utilice sus competencias en la ordenación del territorio para regular la ubicación de estas instalaciones, priorizando áreas que puedan sufrir daños significativos, especialmente en entornos naturales y turísticos. Esto es vital para proteger no solo la economía local, sino también el patrimonio cultural y ambiental de la región.

Iglesias ha destacado que en los últimos meses se han presentado múltiples propuestas para plantas de almacenamiento de energía en los municipios del Pirineo, con un total de seis instalaciones propuestas: en Anciles, Sesué y Castejón de Sos, además de Samitier en Sobrarbe. Estas plantas de almacenamiento no están integradas con nuevas instalaciones de generación de energía renovable, lo que ha suscitado aún más cuestionamientos sobre su viabilidad y necesidad.

Los proyectos son estratégicamente ubicados, a menudo en zonas sensibles y muy próximas a poblaciones, lo que ha llevado a un rechazo considerable por parte de los ayuntamientos involucrados. La comunidad local ha expresado su fuerte oposición a estas iniciativas, alertando sobre los posibles daños ambientales y paisajísticos que podrían acarrear en una región donde estos elementos son fundamentales para la vida y el sustento de sus habitantes.

Iglesias ha señalado que aunque existe un consenso entre las instituciones sobre la importancia de abrazar la transición energética y la descarbonización, es esencial que esta transformación se lleve a cabo de manera cooperativa y respetuosa con las voluntades de las comunidades locales. Los ciudadanos del Pirineo, que ya han contribuido significativamente a la producción de energía renovable, merecen que su voz sea escuchada en este debate crítico.

El diputado ha hecho eco del descontento generalizado respecto a proyectos como los de Samitier, Anciles, Sesué y Castejón de Sos, resaltando que los argumentos presentados por los habitantes y sus representantes locales sobre la inadecuada ubicación y las repercusiones ambientales no pueden ser ignorados.

En un contexto que recuerda al controvertido proyecto de almacenamiento de CO2 en el Maestrazgo, que también fue recibido con una fuerte oposición, Iglesias ha subrayado la necesidad de un plan integral que regule el desarrollo de estos recursos energéticos. A pesar de que el Gobierno de Aragón prometió la creación de un Plan de Ordenación del Territorio para los Recursos Energéticos al inicio de la legislatura, Iglesias ha expresado su frustración por la falta de avances en este tema, enfatizando que sin un marco regulatorio claro, los municipios se ven desprovistos de la autonomía necesaria para decidir sobre la ubicación de proyectos energéticos en su territorio.

Con la rápida evolución de las tecnologías de almacenamiento, Iglesias concluye que es vital no solo acelerar la elaboración del mencionado Plan, sino también proporcionar el apoyo legal necesario a los ayuntamientos que lo requieran, asegurando así un desarrollo energético que respete tanto el medio ambiente como las necesidades de la población local.