El 16 de noviembre en Madrid, el Partido Popular ha presentado una propuesta en el Congreso de los Diputados con el objetivo de instar al Gobierno a asegurar, a través de una legislación, una conectividad óptima del transporte por carretera en las zonas rurales de España.

La iniciativa, planteada como una proposición no de ley que se discutirá en la Comisión de Transición Ecológica, critica al Ejecutivo por su intención de limitar el mantenimiento de paradas de autobús en aquellos municipios que cuenten con menos de 10,000 habitantes o que no alcancen, al menos, las 2,000 personas que utilicen el servicio anualmente. Según el PP, esta medida podría tener un impacto negativo en la conexión de muchas localidades, puesto que, en la comunidad autónoma de Aragón, más de 150 municipios podrían quedar excluidos del acceso al transporte público interregional, a pesar de que las rutas de autobús transiten por esas áreas, dejando a sus residentes sin opciones y obligándolos a trasladarse a ciudades cercanas simplemente para acceder al transporte.

Frente a esta situación, el partido, liderado por Alberto Núñez Feijóo, hace un llamado al Gobierno para que con esta ley se eviten lastramientos en el desarrollo social y económico de los pueblos en España que enfrentan problemas de despoblación. Además, enfatizan la necesidad de prevenir el aislamiento de los habitantes en zonas rurales o envejecidas, promoviendo así una mayor cohesión territorial entre las diferentes regiones del país.

En su propuesta, el PP también enfatiza la urgencia de coordinar esfuerzos con las comunidades autónomas para garantizar que se asignen los recursos presupuestarios necesarios y adecuados a los nuevos mapas de concesiones de servicios de transporte regular por carretera. Este aspecto es crucial para no profundizar el problema de la despoblación, que afecta a numerosas áreas del medio rural.

Finalmente, el grupo político pide que se aprovechen al máximo los fondos de Cohesión, así como los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), para favorecer una sostenibilidad socioeconómica que garantice la convergencia y vertebración de los núcleos rurales, particularmente aquellos que más sufren la despoblación.