En una movida sin precedentes, el Gobierno de Aragón ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo con el objetivo de presionar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para que convoque la tan solicitada Conferencia de Presidentes.

Esta decisión fue anunciada por el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, quien hizo hincapié en que la normativa establece que la Conferencia de Presidentes debe ser convocada al menos dos veces al año o a solicitud de diez presidentes de Comunidad Autónoma.

Ya en dos ocasiones, un total de 14 presidentes autonómicos y de ciudades autónomas han pedido conjuntamente la convocatoria de esta reunión decisiva, el 24 de noviembre de 2023 y el 24 de abril de 2024, sin obtener respuesta por parte del Gobierno central.

"Es hora de que el Gobierno de España nos escuche", declaró Azcón, quien enumeró algunos de los temas de gran relevancia que se espera sean abordados en la Conferencia de Presidentes, como la controversia en torno a la instalación de placas fotovoltaicas en embalses, una medida aprobada por el Consejo de Ministros en un Real Decreto el pasado 1 de julio, pero rechazada por el Gobierno de Aragón.

Otros temas cruciales que se esperan sean discutidos incluyen la financiación autonómica, las preocupaciones sobre la inmigración descontrolada y la necesidad de fortalecer el sistema de salud con más personal médico.

El descontento de Azcón con la falta de respuesta por parte de Sánchez se hizo evidente al recordar que lleva meses solicitando la convocatoria de esta reunión y aún no ha obtenido una respuesta oportuna por parte del presidente central.

Ante esta situación, Azcón afirmó que "ha llegado el momento de reclamar judicialmente lo que es un derecho, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar los problemas que afectan a todos los ciudadanos, tanto aragoneses como españoles".

El jefe del Ejecutivo aragonés también aprovechó la ocasión para criticar la supuesta "financiación privilegiada" otorgada a Cataluña, en detrimento del resto de las comunidades autónomas, que deben financiar sus servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales a través de un sistema equitativo y justo.

En este contexto, Azcón reiteró su firme oposición a la instalación de placas fotovoltaicas en embalses, tema que abordó en un acto en Lanuza dedicado a la lucha contra la expansión de las energías renovables en áreas protegidas como los pantanos.