ZARAGOZA, 22 de mayo. En un firme pronunciamiento, la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón ha dejado claro que los 13 núcleos poblacionales que se verán afectados por el anteproyecto del Corredor 12 del Ministerio de Transportes no pueden perder su acceso a la línea estatal de autobuses.

David Sánchez, director general de Transportes, expuso sus preocupaciones luego de que se presentara el anteproyecto para un nuevo servicio de autobuses que conectará Madrid y Valencia, atravesando parcialmente la provincia de Teruel. Este cambio podría tener repercusiones desastrosas para los habitantes de la provincia, especialmente para aquellos en localidades como Alba, Cella, y Santa Eulalia del Campo, entre otras, que se quedarían sin este servicio esencial.

Antes de detallar las bases de las alegaciones que el Gobierno aragonés tiene previsto presentar, Sánchez reflexionó sobre el modelo de movilidad que se plantea en la propuesta de Ley de Movilidad Sostenible que está en trámite en las Cortes Generales. Este anteproyecto del Corredor 12 ha suscitado inquietudes sobre cómo se priorizan los intereses económicos de las empresas sobre la atención a las comunidades.

El director expresó su preocupación: “Estamos pasando de un régimen en el que se considera a todas las poblaciones a otro donde se prioriza el balance financiero de las empresas, lo que termina perjudicando a esos territorios con desigualdades demográficas significativas, como Aragón”.

Con el nuevo esquema concesional, el Ministerio trasladaría a la Comunidad Autónoma la carga económica y la responsabilidad de cubrir las necesidades de transporte para los viajeros de las localidades que se quedarían sin servicio, obligando a trasladar a estos usuarios a otros tres municipios que sí mantendrían la parada, sin ofrecer una compensación justa.

Además, Sánchez subrayó que este modelo perjudica tanto a la administración regional como a los ciudadanos, pues les obligará a cambiar de un servicio autonómico a uno estatal, generando incertidumbre por la falta de información sobre los horarios de estos trayectos.

El funcionario manifestó su temor sobre la posible descoordinación entre los sistemas de transporte estatal y autonómico, en caso de que los horarios definitivos sean fijados de manera independiente por las empresas concesionarias.

Ante tales preocupaciones, Sánchez ha solicitado que se lleve a cabo un debate previo en la Conferencia Sectorial de Transportes, algo que el Ministerio ha rechazado de manera sistemática, lo que el director califica como un intento de imponer un modelo centralizado que no tiene en cuenta las necesidades de las comunidades autónomas.

Por esta razón, el Gobierno de Aragón está decidido a exigir que no se eliminen las paradas de los 13 núcleos afectados. En caso de que el Gobierno central ignore esta demanda, se presentarán alegaciones que propongan alternativas que minimicen los daños para estas localidades.

Una de las opciones que se explorará será la implementación de paradas a demanda, garantizando que los usuarios puedan acceder al servicio siempre que lo necesiten.

Además, el Ejecutivo solicitará que el contrato entre el Estado y las empresas concesionarias contemple obligaciones específicas para la supervisión de los horarios, para lograr una coordinación eficaz entre ambos sistemas de transporte y así mejorar el servicio a los ciudadanos.

Por último, Aragón exigirá una compensación económica realista y adecuada para financiar los servicios que el Estado dejaría de prestar bajo el nuevo esquema. La cifra inicial de 40 millones de euros anuales durante cuatro años es considerada insuficiente, y se requiere un financiamiento que sea sostenible en el tiempo para cubrir las necesidades reales de la población.