El panorama político en Aragón se ha avivado con las recientes declaraciones del diputado de Vox, David Arranz, quien ha calificado la gestión del Gobierno de Jorge Azcón como "el más progresista de todos los ejecutivos del PP". En una crítica a los anuncios de alineación entre los gobiernos regional y nacional en materia de inmigración, Arranz ha señalado que la administración actual se muestra más inclinada hacia el progresismo, lo que, según él, representa un peligro para la población aragonesa.

Arranz también ha manifestado su descontento con el aumento de partidas destinadas a organizaciones no gubernamentales (ONGs), sugiriendo que estas entidades se benefician económicamente a expensas de los inmigrantes. Según él, tanto el PP como el PSOE tienen una agenda común que fomenta la inmigración ilegal y provoca la inseguridad en las comunidades, lo que se traduce en un incremento de delitos en varias áreas urbanas.

El diputado ha hecho especial énfasis en la inminente llegada de alrededor de 251 menores extranjeros no acompañados, afirmando que esto se convierte en un "negocio sucio" que beneficia a mafias de tráfico humano y a ONGs que, en su opinión, cooperan con ellas. Arranz enfatiza la necesidad de retirar toda financiación pública que sustente a estas organizaciones.

En su discurso, Arranz ha contrastado la postura del Gobierno de Aragón con la de otros ejecutivos del PP en diversas comunidades autónomas, que han recortado sus presupuestos para ONGs. Esta comparación subraya su frustración ante lo que considera una falta de responsabilidad y coherencia por parte del Gobierno aragonés.

Arranz criticó la rapidez con la que la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, se reunió con varias ONGs, argumentando que estos encuentros favorecen a quienes, según él, comercian con la suerte de los inmigrantes. Resaltó que muchas veces estos individuos son víctimas de un sistema que les explota.

El parlamentario también ha cuestionado la transparencia del Gobierno de Aragón, señalando que, mientras Susín critica a la administración central por su falta de claridad, su propio gobierno no ofrece información a los aragoneses sobre los costos asociados a estas políticas migratorias.

Según los cálculos proporcionados por Vox, el gasto diario por albergar a un menor extranjero no acompañado sería de 111,45 euros, lo que se traduce en más de tres mil euros al mes por persona; una cifra que, argumentan, no incluye otros gastos como educación o sanidad.

Además, Arranz recalcó el problema de la inseguridad en Zaragoza, citando un informe de la Policía Nacional que muestra un aumento constante de robos y atracos, en particular relacionados con un grupo de jóvenes de origen magrebí, lo que, según él, no es reconocido por los partidos de izquierda ni por el PP.

El diputado también criticó la estrategia del Gobierno de Aragón de solicitar a los ayuntamientos que acepten a estos menores, acusándolos de no asumir el costo de esta decisión y de intentar trasladar el problema a niveles locales con menos recursos.

Sobre el tema de la repatriación, Arranz subrayó la existencia de acuerdos bilaterales con Marruecos que facilitan la devolución de estos jóvenes, añadiendo que deberían ser cumplidos a rajatabla.

Asimismo, denunció que las políticas de búsqueda de vivienda para estos menores agravan la ya difícil situación de los precios de alquiler para los jóvenes aragoneses, condenando la carga que esta iniciativa representa para el contribuyente.

Finalmente, Arranz instó a realizar pruebas forenses para verificar la edad de los menores, mencionando que un alto porcentaje de quienes son catalogados como tales pueden en realidad ser adultos. Argumentó que esta situación tiene repercusiones legales y económicas que deben ser consideradas por el Gobierno aragonés.

Desde la perspectiva de Vox, la postura frente a la inmigración es clara: no se desea acoger a más menores ni a inmigrantes ilegales, abogando por un cambio en la política migratoria que priorice la seguridad y la estabilidad social. Arranz insistió en que las únicas personas que deben venir a España son aquellas que se comprometen a respetar las leyes y a integrarse en la cultura del país.