En Zaragoza, el pasado 13 de noviembre, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, anunció este miércoles la significativa ampliación de las ayudas extraordinarias debido a la sequía, alcanzando un total de 8.175.000 euros. Esta medida beneficiará a 6.330 agricultores, quienes recibirán el 100% del importe establecido, sin que se aplique ningún tipo de prorrateo. Esta ampliación se formaliza en la Orden AGA/1350/2024, publicada recientemente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Durante una rueda de prensa, Rincón explicó que el presupuesto inicialmente previsto era de 7 millones de euros, pero tras un análisis minucioso, se determinó que esta cantidad resultaba insuficiente. Aunque la ampliación de los fondos supondrá un ligero retraso en el cronograma de pagos—que estaban programados para la segunda mitad de noviembre y ahora se retrasarán hasta mediados de diciembre—, el consejero aseguró que los profesionales del sector agrícola recibirán la asistencia antes de que finalice el año, garantizando plazos razonables para todos los beneficiarios.

El decreto-ley 1/2024, promulgado el 25 de septiembre, que establece estas ayudas extraordinarias, obtuvo el respaldo unánime de las Cortes el 30 de octubre, poniendo de manifiesto la urgencia de actuar antes de que concluyera el año. Este respaldo refleja una notable colaboración interpartidaria ante la crisis agrícola que enfrenta la región.

Con esta nueva asignación, la ayuda financiera se incrementa en un 36% en comparación con la cantidad inicial de 6 millones de euros, y un 17% respecto a los 7 millones reflejados en el decreto original. Este aumento es clave para abordar las graves consecuencias de la sequía que ha afectado a las áreas productivas de Aragón.

La distribución de estas ayudas se dividirá de manera diferenciada entre los sectores agrícola y ganadero. En total, 6,7 millones de euros se destinarán a la agricultura de secano, con un reparto del 60% para los agricultores de la zona 2—donde la situación de sequía se considera grave—y el 40% restante para la zona 1, que sufre una afectación máxima. Esto se debe a que, a pesar de que estas últimas zonas están severamente impactadas, cuentan con menos hectáreas cultivadas.

En cambio, en el ámbito ganadero, la distribución será inversa, con dos tercios de las ayudas orientadas a las explotaciones de la zona 1, que es más montañosa y presenta una mayor cantidad de ganado, mientras que el restante tercio irá a la zona 2. Esta estrategia busca asegurar que la ayuda llegue a donde más se necesita, adaptándose a la realidad de cada sector.

Las áreas elegibles para esta asistencia abarcan 304 municipios distribuidos en 19 comarcas aragonesas, de las cuales 12 están completamente afectadas. Las comarcas que sufren una afectación máxima incluyen Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos, y Bajo Aragón, entre otras, mientras que las de la zona 2 abarcan la totalidad del Campo de Cariñena, Ribera Baja del Ebro y Jiloca, así como partes de otras comarcas adyacentes.

Las cuantías de las ayudas se mantienen en los rangos establecidos en el decreto: se asignarán 50 euros por hectárea para jóvenes agricultores y 40 euros para el resto en la zona de máxima afectación, mientras que en la zona 2, los importes serán de 30 y 20 euros, respectivamente. El consejero enfatizó que estas ayudas se entregarán en su totalidad a todos los afectados, garantizando así un apoyo efectivo a quienes lo requieren.

Además, conforme al Decreto-Ley, los beneficiarios que sean simultáneamente agricultores y ganaderos y cumplan con los requisitos establecidos podrán acceder a ambas formas de ayuda. Esto significa que un joven con una explotación en la zona de máxima afectación podría llegar a recibir hasta 7.500 euros, facilitando así su recuperación tras la crisis.

Para simplificar el proceso de pagos y asegurar que se realicen de manera ágil, se ha previsto que todos los beneficiarios tengan que ser también perceptores de los pagos de la PAC o de las Intervenciones Sectoriales Apícolas, en el caso de los apicultores dañados, a quienes se les aplicará una cantidad estipulada según las Unidades Ganaderas Mínimas (UGM).

Las zonas afectadas fueron determinadas basándose en una metodología que combina datos de Agroseguro y coeficientes del índice SPI, que mide la cantidad de precipitación, junto con el SPEI, que analiza la evapotranspiración. Este enfoque permite obtener un panorama preciso de la situación en cada explotación agrícola y ganadera, asegurando que la respuesta a la sequía sea lo más ajustada posible a la realidad que enfrentan los productores aragoneses.