La aspirante del PSOE a liderar el Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha enfatizado su compromiso con la consolidación de servicios públicos enfocados en ofrecer oportunidades efectivas a los habitantes de los pueblos de la comunidad autónoma.

Durante su visita a Calatayud este martes, Alegría estuvo acompañada por el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y otros candidatos, y abordó la vital importancia de asegurar derechos colectivos y el acceso a servicios de calidad.

A frente de los dos años marcados por recortes y procesos de privatización impulsados por Azcón, Pilar Alegría hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas "con ilusión, con ganas y con mucha alegría".

La candidata subrayó que en los debates no ha escuchado propuestas por parte de Azcón que mejoren la calidad de vida en Aragón. Ante esta falta de iniciativas, Alegría delineó su visión para la presidencia, centrada en la defensa de los sectores de la sanidad, educación y vivienda públicas.

En Calatayud, escuchó las preocupaciones de los ciudadanos sobre el impacto negativo que los recortes y la privatización han tenido en los servicios públicos. Reiteró su compromiso con una sanidad pública robusta, en particular para aquellos habitantes rurales que deben trasladarse hasta su médico y que deberían poder hacerlo "con transporte público gratuito".

En el ámbito educativo, destacó su dedicación a una educación pública de calidad en el entorno rural, enfatizando la necesidad de personal y auxiliares, una situación crítica que también afecta a la región de Calatayud.

“Mi compromiso con todos los aragoneses es seguir luchando por sus derechos y asegurar la consolidación de servicios que brinden oportunidades, especialmente a aquellos que residen en los pueblos”, afirmó Alegría.

En un tema aparte, Alegría declaró que, en caso de convertirse en presidenta de Aragón el 8 de febrero, se enfocará en restaurar los servicios de transporte de viajeros por carretera.

“Existía una concesión para una línea de autobuses destinada a cinco comarcas y más de 130 municipios, que contemplaba un servicio de más de 32 autobuses. Sin embargo, el Gobierno de Aragón solo ha dispuesto de 11, lo que claramente está afectando los derechos de los ciudadanos de esas áreas”, concluyó.