El 17 de octubre, las alcaldesas de Zaragoza y Huesca, Natalia Chueca y Lorena Orduna, han alzado sus voces enérgicamente en contra de la reciente decisión del Gobierno de España de descartar la ampliación del servicio de trenes de cercanías que conecta ambas ciudades aragonesas. Esta decisión, anunciada por el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, se basa en informes que subrayan una demanda insuficiente y la baja utilización del servicio existente, el más discreto del país.

Ante esta situación, Chueca y Orduna han emitido una declaración conjunta que representa la postura de ambas instituciones, defendiendo la importancia vital de este medio de transporte para la comunicación y el desarrollo regional.

Las dos regidoras consideran que esta determinación del Gobierno central es un “nuevo golpe” a la cohesión territorial de Aragón, que demuestra un desdén hacia la legítima necesidad de la comunidad de mejorar su movilidad y crecimiento económico. Denuncian que resulta “inaceptable” que el Gobierno abandone la promoción de una infraestructura esencial para enlazar estas dos importantes capitales aragonesas.

Este rechazo viene en un momento donde la autovía A-23 está soportando decenas de miles de desplazamientos diarios. Con un volumen aproximado de 5.000 vehículos al día viajando entre Huesca y Zaragoza y alrededor de 1.400 personas que se trasladan a la capital para trabajar, subrayan la necesidad urgente de alternativas ferroviarias modernas y eficientes.

“Zaragoza y Huesca no pueden continuar siendo la única gran área metropolitana en España sin un sistema de cercanías completamente operativo”, enfatizan las alcaldesas. Recuerdan que la baja utilización de la línea C1 no debería ser justificación alguna, dado que el mismo Ministerio ofrece un servicio que es claramente insuficiente, con trenes viejos y escasas frecuencias. Argumentan que solo mejorando el servicio se puede incrementar la demanda, enfatizando que la planificación actual está obsoleta.

Chueca y Orduna también critican la “falta de sensibilidad” del Gobierno central hacia las necesidades de Aragón, que se ve excluido de las inversiones ferroviarias que se están realizando en otras comunidades autónomas. Consideran “incomprensible” que se utilicen informes técnicos para avalar la inacción mientras importantes proyectos siguen parados, los cuales podrían mejorar la competitividad y el equilibrio regional.

Por todo esto, las alcaldesas rechazan firmemente la decisión del ministro Óscar Puente, considerándola injustificada y contraria a los intereses de los ciudadanos de Aragón. Además, instan al Gobierno de España a reevaluar los estudios de viabilidad, incorporando nuevos criterios que tengan en cuenta la movilidad, sostenibilidad y demanda potencial, y a asegurar la participación de las administraciones aragonesas en este proceso.

Finalmente, hacen un llamamiento al diálogo y a la cooperación entre las distintas administraciones, para que Aragón cuente con un sistema de transporte que sea “moderno, eficiente y justo”, alineado con las necesidades de sus habitantes y con el rol estratégico que desempeña en toda España.