El fenómeno de la explotación laboral en Aragón ha alcanzado niveles preocupantes, particularmente en el sector del empleo doméstico, donde la falta de regularización ha permitido un aumento de la economía sumergida. Un reciente informe de UGT Aragón destaca que, desde el comienzo del año, se han registrado 85 casos de explotación, 37 más que el año anterior, resaltando una tendencia alarmante que afecta sobre todo a mujeres jóvenes migrantes.
Durante la presentación del informe titulado 'Explotación laboral en Aragón', Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo del sindicato, junto con Antonio Ranera, responsable del Departamento de Migraciones, revelaron que las trabajadoras suelen ser mujeres en situación irregular que acceden a puestos de trabajo sin contrato, enfrentándose a condiciones laborales extremadamente precarias.
Ranera enfatizó que la precariedad de estas situaciones se traduce en largas jornadas laborales, incumplimientos en la seguridad laboral y pagos por debajo del salario acordado. Además, muchas víctimas relatan haber sufrido situaciones humillantes, y en algunos casos, agresiones directas.
Este patrón de explotación se repite a nivel global, con la OIT reportando casi 50 millones de personas sometidas a trabajo forzado y matrimonios serviles este año. Las estadísticas de la Unión Europea también indican un crecimiento alarmante del 41% en las víctimas de trata solo en 2022, y España ha visto un aumento del 300% en la identificación de casos de explotación laboral entre 2019 y 2023.
Según UGT Aragón, las causas de este fenómeno son complejas, incluyendo la desigualdad social creciente, la falta de regularización administrativa y la escasez de recursos que protejan a las víctimas. La falta de políticas adecuadas en el ámbito del cuidado a personas dependientes también juega un papel crucial, limitando el acceso a un empleo digno y seguro.
Ranera advirtió que muchas personas se ven obligadas a aceptar cualquier condición laboral debido a la desesperación económica y la incertidumbre que rodea sus situaciones migratorias. Este ciclo de explotación se complica aún más porque las víctimas a menudo eligen no denunciar por miedo a perder sus trabajos o por no conocer los recursos de apoyo disponibles.
El testimonio de una mujer migrante, cuya identidad se mantiene en reserva, ilustra esta realidad. Esta mujer, que se encontraba trabajando sin contrato y cuidando de una persona mayor, cayó enferma y, tras buscar asesoramiento, decidió denunciar su situación. Sin embargo, la denuncia desencadenó una serie de problemas, dejándola sin empleo y sin ingresos durante meses.
Ranera subrayó la urgencia de abordar este problema, resaltando la necesidad de una respuesta efectiva y rápida a las denuncias de explotación. La burocracia actual obliga a las víctimas a enfrentarse a largos períodos de incertidumbre antes de que se resuelvan sus situaciones de forma legal.
El perfil de las víctimas revelado por el informe muestra que un 45% de ellas son mujeres jóvenes migrantes que desempeñan labores domésticas. Aunque otros sectores como la hostelería y el transporte también presentan casos significativos, la precariedad en el empleo doméstico resulta particularmente alarmante. En este sentido, UGT critica el 'fracaso' de las políticas sociales en España, que destinan solo el 0,8% del PIB al cuidado de personas dependientes, muy por debajo de la media europea.
Este contexto revela que el modelo de cuidado en España se sostiene en base a una economía sumergida que beneficia a las familias en situaciones difíciles, creando un círculo vicioso que únicamente agrava la explotación. Las necesidades de atención a personas dependientes aumentan, mientras el reconocimiento del trabajo doméstico sigue disminuyendo.
Para enfrentar esta cruda realidad, UGT Aragón ha exigido la creación de una mesa de trabajo que aborde la explotación laboral de manera integral. Esta mesa debería centrarse en evaluar recursos, formar a profesionales de sectores como la salud y los servicios sociales, y promover una cultura de denuncia segura y accesible para víctimas de explotación.
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