ZARAGOZA, 18 de diciembre. La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha dado un paso significativo al interponer una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Este acto se dirige a la Subdirección General de Evaluación Ambiental, que forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como a su anterior subdirector general de evaluación ambiental, Eugenio Jesús Domínguez Collado, por supuestas irregularidades en el proceso de evaluación de impacto ambiental del Clúster Maestrazgo, un problema que podría extenderse a otros proyectos relacionados con la misma empresa.

El portavoz de la Plataforma, Javier Oquendo, junto a la presidenta Ana Cortés, brindó detalles sobre la denuncia en una rueda de prensa en Zaragoza. Oquendo argumentó que la información acumulada en los últimos días, sumada a documentación interna, sugiere una clara inclinación a favorecer, de manera presuntamente ilegal, a la empresa Forestalia durante la evaluación ambiental de sus proyectos.

El representante de la Plataforma recordó que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que los procesos de este tipo deben ser llevados a cabo por funcionarios, quienes solo pueden recibir apoyo de personal laboral o empresas externas. Sin embargo, la Plataforma sostiene haber solicitado información específica sobre los funcionarios responsables de estas evaluaciones en catorce ocasiones, recibiendo siempre respuestas poco satisfactorias que han alimentado la sospecha de que las tramitaciones no se realizaron dentro del marco legal.

Cada vez más dudas han surgido sobre la regularidad del procedimiento. Entre estas, se han presentado tres informes técnicos que objetan de manera contundente los aspectos del proyecto, incluyendo uno de la Dirección General de Medio Natural y otro del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Este último requería correcciones realizadas por su director, Jesús Lobera, quien lo admitió en una sesión de la Comisión de Aragón, lo que intensifica la preocupación por la falta de atención a estas advertencias.

A pesar de haber planteado estas irregularidades en el ámbito parlamentario, desde la Plataforma lamentan que no se les haya otorgado la importancia que merecen. Oquendo respondió a esta falta de atención con un ejemplo de supuestas discriminaciones en el trato a proyectos similares, como los desarrollados en la comarca de Matarraña, donde se otorgó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a Forestalia, mientras que un proyecto similar de Green Capital recibió un veredicto negativo.

En otra situación análoga relacionada con la línea de evacuación entre Biota y Olite, ambos proyectos, que cubren el mismo tramo de 50 kilómetros, recibieron evaluaciones divergentes, lo que ha llevado a la Plataforma a concluir que hay "claros indicios de trato de favor". Al revisar los expedientes del Miteco entre 2021 y 2023, la Plataforma encontró que solo tres de 36 proyectos, los de menor potencia, fueron rechazados, lo que refuerza aún más sus sospechas.

La preocupación de la Plataforma se intensificó tras las informaciones relevantes que surgieron a partir de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las oficinas de Forestalia y el Ministerio. Algunos funcionarios mencionaron que los expedientes eran manejados directamente por el subdirector Eugenio Domínguez y que posteriormente eran externalizados a la empresa TRAGSATEC, confirmando las sospechas de prácticas ilegales, e incluso algunos documentos llegaban ya elaborados por la misma empresa impulsora, lo que se califica como un fraude.

Dada la gravedad de las evidencias recogidas, la Plataforma ha decidido poner el asunto en manos de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar necesario informar a las autoridades sobre posibles delitos. Además, Oquendo enfatizó que la denuncia busca frenar cualquier iniciativa de obra por parte de la empresa CIP, que, según señalaron, ya en 2020 había validado la viabilidad económica de Forestalia mediante un acta notarial.

Finalmente, el colectivo ha manifestado su preocupación por los posibles daños ambientales que cualquier operación en el terreno podría causar, advirtiendo que tales acciones, sustentadas en una Declaración de Impacto Ambiental cuyo proceso consideran presuntamente fraudulento, podrían resultar en efectos "irreversibles" para la naturaleza de la región.