El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza se reunió este miércoles y tomó una decisión histórica al aprobar, de manera unánime, una moción impulsada por las fuerzas que forman el equipo de gobierno: PSOE, En Común-IU y CHA. Este apoyo se dirige hacia la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para las cerezas de Calatayud y del Aranda, un paso que busca resaltar la singularidad y calidad de este producto local.

Francisco Compés, portavoz del PSOE, destacó la importancia de esta iniciativa, afirmando que representa una "oportunidad histórica" que trasciende las diferencias políticas. Compés hizo hincapié en que el clima y la altitud de la región son factores que confieren a las cerezas características únicas, pero subrayó que lo que realmente distingue a este fruto es el fervor y el cuidado que los agricultores ponen en su cultivo.

El diputado socialista insistió en que la IGP no es simplemente un sello comercial, sino una herramienta clave para fomentar un modelo agrícola sostenible y asegurar fair prices para los productos locales, además de otorgarles el reconocimiento que merecen en el mercado. "Sin agricultura no hay desarrollo rural", enfatizó, resaltando que el sector primario no solo genera empleo, sino que también enriquece la cultura agraria y el paisaje regional. Compés subrayó que multiplicar este apoyo debe ir acompañado de acciones prácticas y contundentes.

Iluminada Ustero, del Partido Popular, dio su visto bueno a la moción, pero no sin antes señalar que el proceso para obtener la IGP ha cobrado velocidad gracias al respaldo del Gobierno de Aragón y el esfuerzo conjunto de productores, cooperativas y municipios. Criticó, sin embargo, que durante gobiernos anteriores de su partido no se lograron avances significativos por falta de iniciativa política y recursos financieros, acusando a los socialistas de no haber realizado nada desde 2018.

Rodrigo de Vox mostró su apoyo a la moción, considerando que representa un avance crucial para salvaguardar "nuestros productos, nuestra tierra y a quienes la cultivan". No obstante, aprovechó para criticar la gestión gubernamental, refiriéndose a la creciente burocracia y los altos impuestos que pesan sobre el sector primario, además de cuestionar la apertura comercial hacia países que producen con estándares de calidad inferiores.

En el ámbito de En Común-IU, Nerea Marín expresó su respaldo a la IGP, vinculándola a temas de protección territorial, sostenibilidad y preservación de la identidad cultural. Por otro lado, José Manuel Latorre de CHA, aunque a favor de la iniciativa, subrayó que era esencial un "compromiso real" para garantizar que los productores pudieran presentar los documentos necesarios ante el Gobierno de Aragón y, posteriormente, ante el Ministerio de Agricultura y la UE.

Finalmente, Latorre hizo un llamado al Gobierno regional para destinar recursos financieros que ayuden a cubrir los costes de los estudios técnicos requeridos para formalizar la solicitud de la IGP, advirtiendo que estos se estiman en alrededor de 50.000 euros, una suma que considera completamente asumible.