El panorama universitario en España está en el centro de la controversia, tras el reciente respaldo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades hacia un Real Decreto que impone requisitos más estrictos para la creación y reconocimiento de centros educativos superiores. Este decreto ha despertado el descontento del Gobierno de Aragón, que ha decidido llevar el asunto al Tribunal Supremo, alegando una invasión de competencias. Desde el Ejecutivo central, se asegura que la reacción del gobierno aragonés no es inesperada, dado su enfoque en fomentar el crecimiento de universidades privadas, a menudo sin considerar su calidad educativa.

Las autoridades del Ministerio, bajo la dirección de Diana Morant, han resaltado que esta medida, aprobada en octubre, se justifica por el auge de las universidades privadas en el país. Según ellos, algunas de estas instituciones no cumplen con los estándares básicos de calidad en enseñanza e investigación, lo que ha llevado a la necesidad de ajustar los criterios para garantizar que todas las universidades en España sean fiables y ofrezcan educación de alta calidad, además de comprometerse con la investigación.

Los nuevos criterios establecidos buscan ser "meditados, ponderados y realistas", permitiendo que tanto universidades públicas como privadas en el territorio nacional aseguren un alto nivel de calidad, sostenibilidad y masa crítica. Desde el Ministerio se ha subrayado que la mayoría de las instituciones existentes cumplen ya con estas nuevas exigencias y que aquellas que no lo hacen tendrán el tiempo necesario para adaptarse a los nuevos estándares.

El Ministerio también ha desestimado las acusaciones de que el Real Decreto infringe las competencias autonómicas. Según su postura, es responsabilidad del Estado definir los principios normativos generales que rigen el sistema universitario y supervisar la calidad del mismo en su conjunto.

Además, las autoridades han refutado la idea de que esta normativa impida injustificadamente la libertad empresarial. En cambio, sostienen que el decreto regula el sector para garantizar un servicio de interés general y proteger a estudiantes y sociedad, citando ejemplos de regulaciones estrictas en otros ámbitos, como son la sanidad, el sistema bancario y el sector energético.

Por último, el Ministerio ha enfatizado que la elaboración del Real Decreto fue un proceso transparente, que incluyó una audiencia pública en abril donde se recibieron propuestas y alegaciones de más de 68 instituciones, abarcando casi todas las Comunidades Autónomas. Este enfoque colaborativo culminó en una aprobación respaldada por el Consejo de Estado.