El Gobierno de Aragón afirma que el fallo del TC sobre la Ley de energías renovables no afecta su contenido esencial.
En Zaragoza, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado que la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC), a petición del Gobierno central, de la Ley de energías renovables de Aragón parece estar más relacionada con la falta de urgencia y necesidad que con el contenido de la norma.
El fallo del TC se enfoca en un aspecto formal de la normativa aragonesa que regula la producción de energías renovables, sin profundizar en el fondo de la ley como argumentaba el recurso del Gobierno central. Según el TC, las medidas de esta norma no estaban justificadas en la supuesta "urgencia y necesidad" alegadas por el anterior Ejecutivo aragonés, liderado por Javier Lambán.
"No podemos ofrecer un comentario al respecto", ha argumentado Vaquero, "ya que no hemos recibido oficialmente la comunicación de la sentencia. Hemos conocido la noticia a través de los medios de comunicación, pero es necesario esperar para conocer los detalles del fallo".
En una conferencia de prensa, Vaquero ha explicado que el recurso de inconstitucionalidad no abarcaba todo el articulado de la ley, sino solo algunos apartados, sugiriendo que el TC parece focalizarse más en la cuestión de la urgencia que en el contenido en sí para justificar un decreto ley.
Por otro lado, Vaquero ha informado que el Gobierno de Aragón ha solicitado declarar Zona Gravemente Afectada a las áreas del territorio que sufrieron daños por la reciente DANA, con el fin de iniciar trabajos de emergencia civil. Aunque se han evaluado los daños en carreteras, agricultura y medioambiente por un monto superior a los 5 millones de euros, aún falta determinar las afectaciones en acequias, caminos rurales y suministro de agua potable, por lo que el costo total de las reparaciones sigue siendo desconocido.
En cuanto a las administraciones locales, se cuenta con seguros contratados para cubrir los daños, pero en casos donde no estén cubiertos, el Gobierno se compromete a proporcionar asistencia, especialmente en servicios básicos. Además, el área de Hacienda tiene previsto destinar partidas para estas ayudas, con el trabajo en el presupuesto del año 2025 ya en marcha desde mayo pasado.
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