ZARAGOZA, 16 de abril. En un paso significativo hacia la reivindicación de la identidad aragonesa, las formaciones políticas Chunta Aragonesista (CHA) y la Agrupación Parlamentaria del Partido Aragonés (PAR) han presentado de manera conjunta una propuesta de ley para la derogación de los Decretos de Nueva Planta, instrumentos a través de los cuales el rey Felipe V eliminó las leyes e instituciones autóctonas de los territorios de la antigua Corona de Aragón. Esta acción busca reparar una "injusticia histórica" que ha perdurado durante siglos.

La propuesta fue anunciada el miércoles por los portavoces de CHA y PAR, José Luis Soro y Alberto Izquierdo, quienes contaron con la compañía del presidente de la Asociación de Juristas Valencianos, José Ramón Chirivella. Juntos, enfatizaron la importancia de esta iniciativa en el contexto parlamentario aragonés.

La ley propuesta se centra en un único artículo que establece la derogación de los Decretos de Nueva Planta y, tras su debate y voto en las Cortes de Aragón, se pretende que sea enviada a la Mesa del Congreso de los Diputados para su "derogación expresa". Este proceso legislativo no solo tiene repercusiones históricas, sino que busca recuperar derechos perdidos y reivindicar las singularidades territoriales.

José Ramón Chirivella, quien agradeció a las formaciones políticas la posibilidad de presentar esta iniciativa, subrayó que las Cortes de Aragón representan "la primera institución parlamentaria que existió en la Corona de Aragón". Afirmó que la propuesta es un intento de poner fin a una injusticia histórica, la cual debería haber sido abordada durante la redacción de la Constitución de 1978.

Chirivella agregó que la Constitución se enfocó en una visión autonomista de España, lo que plantea la necesidad de buscar una "derogación expresa de los Decretos de Nueva Planta" en diversas instituciones. En este sentido, mencionó que la Diputación de Valencia ya ha respaldado una moción similar, aprobada por todos los grupos excepto VOX.

José Luis Soro, portavoz de CHA, expresó que la propuesta busca "la derogación explícita de los Decretos de Nueva Planta como un acto de justicia y dignidad" hacia Aragón, recordando que dichos decretos suprimieron el autogobierno aragonés e impusieron un centralismo que aún persiste con efectos negativos.

El portavoz aragonesista destacó que esta iniciativa tiene un relevante valor simbólico, ya que reconoce la injusticia sufrida por los pueblos de la antigua Corona. “Los símbolos importan: cohesionan, identifican y fortalecen nuestra conciencia colectiva. Este gesto de recuperación de la memoria reafirma nuestro compromiso con la democracia y el reconocimiento del pluralismo territorial”, puntualizó.

Por su parte, Alberto Izquierdo, portavoz del PAR, celebró el significado de este momento, considerándolo un avance en el discurso sobre aragonesismo. Aseguró que la propuesta no busca perjudicar a otros territorios, sino recuperar derechos aragoneses imprescindibles que podrían abrir la puerta a una Hacienda Foral propia.

Izquierdo planteó un desafío a sus colegas: “Debemos observar si el aragonesismo que algunos defienden solo se manifiesta con símbolos o si se traducirá en acciones prácticas y legales que nos posicionen de manera relevante en el mapa político.”

Los Decretos de Nueva Planta, que se dictaron entre 1707 y 1716 durante el reinado de Felipe V, fueron una serie de normativas que eliminaron las leyes e instituciones propias de los territorios de la Corona de Aragón, en represalia por su apoyo a los Austrias en la Guerra de Sucesión. Este cambio radical no solo acabó con la autonomía política de Aragón, Valencia y Cataluña, sino que dio paso a un modelo de centralismo que ha traído consigo profundas consecuencias.

Desde CHA y PAR, se argumenta que la derogación de estos decretos no es meramente simbólica, sino que representa un paso necesario para abordar y corregir las secuelas de aquellas decisiones históricas, que fueron impuestas bajo el principio del derecho de conquista. Se considera que son incompatibles con los valores democráticos y pluralistas que fundamentan la Constitución actual.