En un contexto marcado por tensiones políticas, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que su administración atenderá sin dificultades la solicitud del Gobierno central para establecer un Registro de Personas Objetoras al aborto. En su opinión, esta medida, impulsada por Pedro Sánchez, busca desviar la atención pública hacia temas que no afectan directamente la realidad de los ciudadanos, en alusión a las acusaciones de financiación ilegal que involucran al PSOE y que han llevado al Tribunal Supremo a citar a destacados miembros del partido como imputados.

Azcón hizo estas declaraciones durante una visita al campus de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EUTIZ) de la Universidad de Zaragoza, donde respondió a las inquietudes de los periodistas. Aprovechó la ocasión para señalar que la ley que exige la creación del registro se remonta a 2010, y criticó que, tras más de una década, el presidente Sánchez únicamente ahora se preocupe por la implementación de este aspecto normativo, un incumplimiento que afecta a varias comunidades autónomas, incluyendo Aragón, Asturias, Islas Baleares y Comunidad de Madrid.

Además, el mandatario aragonés destacó que el Gobierno central ha establecido un plazo de tres meses para que estas comunidades cumplan con el mandato legal, advirtiendo que de no hacerlo, se procederá con acciones legales para garantizar su cumplimiento. Azcón insistió en que esta ley, a pesar de su antigüedad, no ha sido cuestionada y se ha mantenido vigente bajo diferentes administraciones políticas.

En otro tono, Azcón subrayó su compromiso de proteger los derechos de las mujeres, criticando al PSOE por considerar que su enfoque no es lo suficientemente proactivo. No obstante, también utilizó la ocasión para desviar el foco hacia un supuesto escándalo relacionado con la financiación del partido socialista, demandando que se esclarezca públicamente la procedencia del dinero en los llamados “sobres”, sugiriendo que existen claros indicios de corrupción dentro del PSOE.

Finalmente, las palabras de Azcón se centraron en acusar a Sánchez de priorizar sus propios problemas de corrupción sobre los temas que verdaderamente afectan a las mujeres y a la sociedad en general. "A Sánchez no le importan las mujeres", argumentó, enfatizando que lo que realmente le preocupa son los escándalos que rodean a su círculo inmediato y las implicaciones legales que podrían derivarse de estos.