En un reciente debate en el Parlamento de Aragón, el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha manifestado la necesidad de "actualizar" el antiguo Decreto que regula las condiciones mínimas de los servicios sociales en la comunidad, un marco legal que data de 1992. Esta declaración se produjo en respuesta a la insistente pregunta del diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, quien ha subrayado la urgencia de modernizar las normativas que afectan a la atención social.

Azcón reconoció que la reforma del mencionado decreto ha enfrentado dificultades a lo largo de los años, destacando especialmente "razones financieras" que han limitado las posibilidades de actualización. El presidente argumentó que la falta de avances en esta área no solo es una cuestión legislativa, sino también de fondos, lo que ha originado un estancamiento en la mejora de los servicios sociales en Aragón.

El líder del Ejecutivo aragonés también hizo un llamado a Sanz para que colabore en este proceso, recordando que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tiene la capacidad de facilitar que se alcance un modelo de cofinanciación del 50% para la atención a la dependencia. Actualmente, el Gobierno de Aragón destina 47 millones de euros a esta causa, cifra que, según Azcón, debería ser complementada por el Gobierno central para afrontar adecuadamente la situación.

En este contexto, el diputado Álvaro Sanz no solo cuestionó la fecha para la modificación del Decreto 111/92, sino que también planteó preocupaciones sobre el futuro de las políticas de cuidados en la comunidad. Sanz expresó su temor de que estas políticas puedan convertirse en un mero negocio, y subrayó la grave precariedad que sufren muchas trabajadoras y trabajadores del sector, quienes suelen recibir salarios que no aseguran una calidad de vida digna.

Además, Sanz enfatizó que la ley de acción concertada actualmente en vigor no satisface las verdaderas necesidades del sector, exigiendo a Azcón que establezca un calendario claro para la actualización del decreto. Recordó que esta normativa es anterior incluso a la ley de atención a la dependencia, alertando sobre la falta de jornadas laborales completas en el ámbito de los cuidados. Con este panorama, el diputado de IU hizo hincapié en la urgencia de actuar ante una situación que compromete tanto a los profesionales como a las personas que requieren atención.