En un contexto de creciente preocupación por la crisis climática y sus efectos devastadores, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha decidido elevar su voz ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La petición es clara: incluir a las provincias de Teruel y Zaragoza en un nuevo paquete de ayudas de 20 millones de euros, destinadas a mitigar los daños ocasionados por la sequía en la producción de frutos de cáscara para el año 2024.

Javier Rincón, el consejero responsable de Agricultura, ha subrayado la necesidad de presentar alegaciones al borrador del Real Decreto que articula estas ayudas, actualmente en periodo de revisión. “Las evidencias muestran que tanto la mayor parte de Teruel como algunas áreas de Zaragoza han sufrido un impacto significativo en sus cultivos de frutos de cáscara debido a la sequía en 2024”, ha afirmado Rincón, señalando la urgencia de la situación.

El borrador del ministerio ya reconoce que el año 2024 ha estado marcado por eventos climáticos extremos que demandan recursos urgentes para los productores afectados. Sin embargo, las provincias más mencionadas han sido Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona, dejando a Aragón, y especialmente a Teruel y Zaragoza, en un segundo plano, a pesar de la crisis que enfrentan.

Los datos son contundentes. Este año, la producción de almendro en el sureste, donde se encuentran las mencionadas provincias, ha caído un 30% en comparación con la media de los últimos cinco años. Dado que gran parte de estos cultivos se desarrollan en secano, no fue posible recurrir a riegos de apoyo, exacerbando aún más la crisis de producción.

El informe oficial del Departamento de Agricultura revela que la producción de almendros de secano en Teruel alcanzó solo 4,2 millones de kilos en 2024, lo que representa una caída del 35% en relación con la media del periodo 2018-2023. “Esto justifica la inclusión de Teruel en el Real Decreto”, asegura Rincón, que aboga por una respuesta robusta y efectiva.

Una mirada más cercana a la geografía agraria muestra que el enfoque actual de zonificación por provincias podría estar distorsionando la realidad. Rincón propone que se realice una categorización por comarcas agrarias. “Dentro de una misma provincia, como Zaragoza, coexisten áreas con producciones elevadas que oscurecen la situación de las comarcas que realmente necesitan ayuda”, argumenta el consejero.

La severidad de la sequía ha afectado prácticamente a todas las comarcas de Teruel y varias zonas de Zaragoza. De los datos recabados, se concluye que doce comarcas turolenses han sufrido daños devastadores, con ocho clasificadas en el nivel más crítico para acceder a ayudas directas. El Gobierno de Aragón ha destinado la cifra sin precedentes de 8,2 millones de euros a estas comunidades, beneficiando a más de 6,300 agricultores en 304 municipios.

La situación ha llevado a los agricultores aragoneses a solicitar créditos ICO/MAPA/SAECA por más de 24 millones de euros. Aragón se posiciona como la comunidad autónoma que mayor apoyo ha recibido, alcanzando más de 27 millones de euros, lo que representa el 47% del total destinado a esta finalidad. Estos fondos han sido fundamentales para inyectar más de 212 millones de euros en el sector agrícola de la región.

Para enfrentar esta dura realidad, el Gobierno de Aragón ha introducido, en diciembre de 2024, un Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera (IFGC-G), diseñado específicamente para facilitar el acceso al crédito para inversiones agrarias esenciales, como la plantación de cultivos leñosos. Este mecanismo, con una inversión de 13 millones de euros, promete aliviar las dificultades que enfrenta el sector.

Rincón concluye recordando que “las cifras hablan por sí solas sobre el impacto devastador de la sequía en nuestra comunidad en los últimos dos años”. Desde su perspectiva, es imperativo que el Ministerio de Agricultura reconozca y actúe en favor de los productores de frutos de cáscara de secano en Aragón, asegurando que puedan acceder a las ayudas directas necesarias para su recuperación.