Vox negocia con Senegal cómo devolver a menores migrantes no acompañados
Aragón, CyL y Extremadura buscan acuerdos con Senegal para repatriar menores migrantes no acompañados. Qué implica y qué garantías faltan.
Los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Extremadura, con Vox en las vicepresidencias, han abierto contactos con la embajada de Senegal para organizar la repatriación de menores extranjeros no acompañados. La reunión tuvo lugar este miércoles en Madrid.
Según explicaron los propios protagonistas, el encuentro sirvió como primera toma de contacto. Participaron los vicepresidentes Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León), junto con el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia de Castilla y León, Eliseo Fernández, y el embajador senegalés Ibrahim Al Khalil Seck.
El punto clave es el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. Según los dirigentes, ese artículo permite a las comunidades autónomas, y no solo al Estado, firmar acuerdos de colaboración con terceros países para gestionar asuntos concretos. Ese es el marco legal que dicen usar para avanzar.
¿Qué significa esto para la gente de a pie? Para quien vive en estas comunidades, supone que la gestión de los menores que están bajo tutela pública podría cambiar de manera notable en los próximos meses. Los recursos de los servicios sociales, los centros de acogida y el presupuesto autonómico son los que estarían en juego.
Sin embargo, el propio Nolasco reconoció que queda mucho por hablar. Los implicados hablan de seguir explorando vías de comunicación "de una manera más concreta", pero todavía no hay calendario, ni detalles sobre cómo se garantizaría el interés superior del menor en cada caso.
Aquí conviene ser prudentes. Las declaraciones se centran en la voluntad de cooperar, no en un acuerdo cerrado. Antes de que haya medidas reales, habrá que ver qué garantías jurídicas y de protección se establecen, y cómo se verifica la situación de cada menor.
¿Qué puede pasar ahora? Lo más probable es que haya nuevas reuniones y que el debate político siga subiendo de tono. Las familias, entidades sociales y los propios menores afectados deberían seguir de cerca la información oficial, pedir transparencia sobre los acuerdos y acudir a sus servicios sociales o a organizaciones de defensa de la infancia si tienen dudas sobre su situación.