Exconsellers emprenden acción legal por riesgo inminente a la integridad de las obras de Sijena.

BARCELONA, 24 de marzo.

Un grupo de cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat ha decidido presentar una querella en contra del traslado de las pinturas murales de Sijena, que actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), al Monasterio de Santa María de Sijena, ubicado en Huesca. Consideran que existe una "amenaza inminente de deterioro o destrucción" de estas obras de arte.

La acción legal ha sido promovida por Jaume Alonso Cuevillas, abogado y exdiputado de Junts, quienes representan a los exconsellers Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borrás y Àngels Ponsa. La querella se dirige contra la magistrada responsable del caso y contra representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, quienes han solicitado la ejecución de una sentencia relacionada.

De acuerdo a la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, los exconsellers defienden que, a pesar de haber cumplido sus funciones en cuanto a cultura y protección del patrimonio, continúan teniendo responsabilidad sobre la conservación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) en Cataluña.

Argumentan que la ejecución de la sentencia que ordena el traslado de las pinturas murales a Huesca resultaría en "destrucción" o en una alteración significativa de un BIC, en línea con las advertencias de expertos en la materia. Además, sugieren que podría haber responsabilidades penales por delitos de prevaricación y en contra del patrimonio histórico.

El documento, presentado ante la Sala Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, señala que llevar a cabo la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Huesca número 2 resultaría "inevitablemente" en un delito contra el patrimonio histórico, según lo estipulado en el Código Penal.

Se destaca también que las pinturas de Sijena cuentan con un nivel de protección tan elevado que supera otros derechos, como el de ejecutar una sentencia, si dicha acción puede conllevar la comisión de un delito.

Los exconsellers sostienen que si, a pesar de los informes periciales que alertan sobre el "peligro tangible de deterioro o destrucción de las obras", se insiste en el traslado, quienes sean responsables podrían incurrir en un delito de prevaricación.

Por estas razones, solicitan que se realicen diversas diligencias, incluyendo el interrogatorio a los querellados, y que se tomen medidas cautelares. Consideran necesario que se suspenda la ejecución de la sentencia firme solicitada.