Azcón avisa: el decreto de centros de datos pone en riesgo miles de empleos en Aragón

El Gobierno de Aragón da por hecho que el nuevo real decreto de centros de datos puede costar a la comunidad miles de millones de inversión y miles de puestos de trabajo. Lo dice Jorge Azcón, presidente aragonés y líder del PP en la región, que lo califica de "agravio incomprensible".

Para entenderlo sin líos: el Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara una norma para ordenar cómo se instalan estas grandes naves llenas de servidores, que consumen muchísima electricidad y agua. La idea es que usen energía renovable y no se disparen ni la factura de la luz ni el impacto ambiental. Hasta aquí, nadie discute que haga falta algo de orden.

El problema, según Azcón, está en los detalles y en el reparto. El texto que ahora va al Consejo de Estado ya es más suave que el primero: el umbral para aplicar las exigencias sube de 1 a 10 megavatios, y se amplían los plazos para que las renovables asociadas entren en servicio. Aun así, el presidente aragonés sostiene que las condiciones siguen siendo "incumplibles" para los promotores que quieren venir a la comunidad.

Su principal queja es de trato desigual. Pregunta por qué un centro en Cataluña tendría unos requisitos y uno en Aragón otros distintos. Y añade que, según su versión, las inversiones pueden acabar yendo a otros territorios. Es un argumento político que el Gobierno central no ha aceptado en esos términos, y conviene tenerlo presente al leer sus declaraciones.

¿Qué significa esto para la gente de a pie? Si una empresa renuncia a instalar un centro de datos en Aragón, no solo se pierden obras y puestos directos en ingeniería, construcción y mantenimiento. También se resienten los pueblos y polígonos que contaban con esos empleos y con los ingresos fiscales que generan. Para quien busca trabajo en la comunidad, la diferencia entre que llegue o no una inversión así puede ser muy concreta.

Ahora mismo, el decreto sigue en fase de revisión y el calendario político aprieta: las elecciones generales son el 29 de noviembre. Azcón ya ha advertido de que algunos promotores están "extremadamente preocupados" y que el riesgo se valorará en los próximos días. Los afectados, sean empresas, ayuntamientos o trabajadores, deberían seguir de cerca las alegaciones y los cambios que se introduzcan antes de la aprobación definitiva, y exigir datos claros sobre qué condiciones aplicarán a cada territorio.