Susín aclara a Alegría que la firma del convenio de atención a la dependencia es tarea de sindicatos y patronal.

El pasado viernes, en declaraciones a los medios, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, abordó el tema del convenio colectivo para la atención a la dependencia, señalando que su firma depende de la patronal y los sindicatos. Este comentario surge en respuesta a la propuesta de Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en Aragón, quien ha manifestado su intención de presentar una proposición de ley en las Cortes para facilitar dicho convenio.

Susín recordó que cuando el Partido Popular asumió el Gobierno de Aragón en 2023, el sector de las residencias enfrentaba serias dificultades para cubrir las necesidades salariales impuestas por el Gobierno de España, además de los costos operativos asociados al mantenimiento de las plazas. Sin embargo, aseguró que esta problemática se ha visto resolviendo con la gestión del PP.

La consejera no dudó en criticar a Alegría, afirmando que no debería dar lecciones sobre el pasado, señalando sus propias gestiones como consejera y ministra. Aconsejó a la líder socialista que se prepare mejor antes de hacer propuestas, instándola a evitar caer en la demagogia y el populismo.

A través de un comunicado, el Ejecutivo en funciones para aclarar que no tiene la facultad de firmar convenios autonómicos, además de recordar que en estos momentos se está negociando un nuevo convenio nacional para la atención a la dependencia, tras la expiración del anterior.

El gobierno que precedió al actual, según el informe, dejó al sector en una situación crítica de financiación, impidiendo que las entidades pudieran responder a las demandas salariales, al tiempo que expresó que desde agosto de 2023 se ha comenzado a resolver esta infradotación histórica.

En 2023, bajo la gestión del Gobierno de Pilar Alegría, el aumento del precio-plaza fue de solo un 1,5%, en un contexto de inflación del 9%. Fue el nuevo Gobierno de Azcón el que ha garantizado la viabilidad de las plazas concertadas y la posibilidad de llevar a cabo aumentos salariales adecuados.

El Departamento de Bienestar Social y Familia ha reiterado en varias ocasiones su exigencia al Gobierno central para que asuma su compromiso de cofinanciar la dependencia, habiendo presentado esta demanda recientemente en el Senado.

De acuerdo con previsiones, el gasto en dependencia en Aragón podría alcanzar los 348 millones de euros para el año 2025, de los cuales el 68,16% correspondería a la Comunidad Autónoma y un 31,84% al Estado. Sin embargo, la Ley de Dependencia establece que el Estado debe aportar el 50% del gasto en esta área, algo que actualmente no se está cumpliendo. Además, se critica que esta contribución ha estado estancada durante los últimos tres años debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Por último, se denunció que el Gobierno de Sánchez ha cumplido con su compromiso de financiación del 50% hacia el País Vasco y Cataluña, lo que provoca una percepción de discriminación entre diferentes comunidades autónomas. En relación a la normativa de dependencia, se espera que la Ley de Ordenación de Entidades llegue a las Cortes, un paso necesario para actualizar la regulación de los centros asistenciales. Se recordó que el PSOE presentó previamente su propia ley en el Parlamento, pero no parece haber tenido intención de llevarla a su aprobación, evadiendo así la necesaria reforma de la normativa vigente.