PP y Vox pactan la creación de una Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza a través de una consultora.

ZARAGOZA, 31 de marzo. Este martes, la concejala del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, se reunió con Eva Torres, líder del grupo municipal de Vox, en un esfuerzo por revisar los avances relacionados con el reciente acuerdo presupuestario que vincula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a la calidad del aire en la ciudad. Ambas formaciones han decidido recurrir a una consultora externa para establecer los criterios que regirán esta normativa crucial.

Durante el encuentro, Gaudes subrayó que la finalidad de este acuerdo es asegurar la continuidad de las ayudas financieras que el Ayuntamiento recibe del Gobierno de España, las cuales están condicionadas a la implementación de la ZBE. Al mismo tiempo, se busca adaptar esta regulación a las realidades específicas de Zaragoza.

Como parte de este compromiso, tanto el PP como Vox acordaron contratar a una consultora para que evalúe cómo debe implementarse el sistema de medición de la calidad del aire en la ZBE. Esto incluye definir los tipos de dispositivos a utilizar, su ubicación y los costos asociados, ya sean estaciones fijas, unidades móviles u otros métodos de recolección de datos.

Gaudes enfatizó la importancia de llevar a cabo un estudio técnico profesional que permita determinar el modelo más adecuado para Zaragoza, garantizando que se mantengan intactas las ayudas y subvenciones vinculadas a la movilidad sostenible y a la mejora de la relación con el medio ambiente.

Al respecto, la concejala recordó que desde la anterior administración, liderada por la actual alcaldesa Natalia Chueca, se ha defendido la necesidad de adaptar las normativas impuestas por el Gobierno central a las particularidades de cada ciudad, evitando así criterios que puedan ser perjudiciales para localidades como Zaragoza.

No obstante, Gaudes aclaró que, si bien se han realizado ciertos ajustes a la normativa existente en relación con la delimitación y permisos de acceso, el nuevo marco se basará en parámetros de calidad del aire que regirán el sistema de sanciones.

Para establecer dichos parámetros, es esencial analizar el historial de calidad del aire en Zaragoza y trabajar alineados con los objetivos marcados por la Unión Europea para el año 2030.

Se prevé que en aproximadamente un mes se cuente con los resultados de la consultora, momento a partir del cual se establecerán las siguientes fases del trabajo. Gaudes se mostró esperanzada en que, una vez se conozcan los datos sobre los contaminantes y la calidad del aire en Zaragoza a lo largo del año, se podrá avanzar de forma más concreta en este ámbito.

Una vez que se reciba el informe de la consultora —contrato que no requiere de licitación—, procederán a modificar la ordenanza de la ZBE, un proceso que generalmente requiere alrededor de tres meses para su tramitación.

En sus declaraciones a la prensa, Gaudes afirmó que están siguiendo al pie de la letra los requisitos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para acceder a las ayudas al transporte, que se estiman en unos 23 millones de euros entre 2025 y 2026. Afirmó, además, que cuentan con un informe legal que les avala en este proceso, y que otras ciudades españolas ya están implementando ordenanzas similares.

La concejala del PP insistió en que cada ciudad tiene sus particularidades y que la implementación de la ZBE debe ser diseñada para provocar el menor impacto negativo posible en la vida diaria de sus ciudadanos, poniendo como ejemplo los avances realizados en ciudades como Sevilla.

Por su parte, Eva Torres, representante de Vox, reiteró la postura de su partido: se busca asegurar que ningún zaragozano se vea discriminado por el acceso a su ciudad con vehículo privado. Torres expresó su preocupación por los aproximadamente 40,000 a 50,000 vehículos que podrían verse perjudicados por estas restricciones, considerándolo una medida injusta.

Desde el PP, hubo un consenso con Vox en que la calidad del aire de Zaragoza no puede compararse con la de ciudades más grandes o con entornos geográficamente más complejos, abogando por ajustes en la regulación que reflejen las singularidades de la ciudad. Ambos grupos coincidieron en que, aunque la normativa actual requiere una delimitación de la ZBE, el control y las sanciones deberían aplicarse solamente en situaciones de alta contaminación, no de manera permanente.