IU Aragón denuncia al PP por insuficiente financiación en dependencia, señalando un giro de justicia social a asistencialismo.

ZARAGOZA, 27 de marzo. La diputada de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha alzado la voz en contra de la evidente falta de financiación del sistema de dependencia en la región. Según sus declaraciones, se gasta un 33% menos en servicios sociales por ciudadano en comparación con la media nacional, una situación que atribuye a las políticas deliberadas del Gobierno autonómico del Partido Popular (PP), que según ella buscan desmantelar este servicio público en favor de medidas asistencialistas.

En una reciente comparecencia ante los medios, Abengochea expuso los hallazgos de un informe del Observatorio de la Dependencia, que reveló que al cierre del año 2025, Aragón había atendido a 49.312 personas, sumando 5.239 nuevas prestaciones. Sin embargo, este crecimiento fue un 34% inferior al del año anterior, lo cual evidencia la "infrafinanciación" existente en los gastos públicos por habitante en la comunidad.

La diputada subrayó que estas cifras se deben, en gran medida, al peso que tienen en la cartera de servicios las ayudas a cuidados familiares y otras prestaciones económicas asociadas, que reciben montos notablemente inferiores a los costos reales de atención. Además, criticó que estas prestaciones son priorizadas sobre otros servicios esenciales, como la ayuda a domicilio, los centros de día y la teleasistencia, que deberían ser el eje del sistema de dependencia. "No obstante, la hoja de ruta del PP en Aragón parece promover todo lo contrario", lamentó Abengochea.

Abengochea también enfatizó que el acceso a estos derechos debe garantizarse a través de servicios públicos, y no depender de las circunstancias individuales o familiares. "No podemos permitir que la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, se jacte de una gestión que claramente no refleja la realidad", agregó, recordando que Aragón se encuentra entre las comunidades con menor gasto e inversión en referencia a la dependencia.

En otro punto de su discurso, la portavoz de IU se refirió a una reciente modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que introduce un nuevo programa de subvenciones de 6 millones de euros para entidades sociales en relación con las tarjetas monedero, destinadas a brindar asistencia a personas y familias vulnerables para adquirir productos básicos.

Abengochea destacó que el PP ha demostrado una continua incapacidad de gestión que, a su juicio, busca socavar la red pública de servicios sociales y reducir su capacidad, dejándolo en manos de soluciones asistencialistas que dependen del sector privado. "La reciente alza en el presupuesto para los bancos de alimentos no es un enfoque adecuado para asegurar que las necesidades básicas se satisfagan de manera digna", opinionó.

Criticó la idea de que las personas deban recurrir a bancos de alimentos, exponiéndose a la estigmatización, y defendió la importancia de asegurar el derecho a una vida digna a través de los servicios públicos. "Es deber del Gobierno autonómico cuidar el bienestar de los ciudadanos, no crear una red asistencialista que degrade sus condiciones de dignidad", afirmó.

Asimismo, Abengochea hizo hincapié en que el Fondo Social Europeo, del cual proviene el programa de tarjetas monedero, establece que su propósito es garantizar la cobertura de alimentos y asistencia básica de manera pública y normalizada, protegiendo la dignidad de quienes lo necesiten al evitar cualquier tipo de estigmatización.

Para concluir su intervención, lamentó que, aunque el nuevo programa podría ser un paso positivo hacia la garantía de dignidad, el gobierno aún no ha hecho efectivo su despliegue, a pesar de que se había planteado el año anterior. También mencionó que la actual situación de un gobierno en funciones limita el control democrático sobre los fondos destinados a este programa en el futuro cercano.

Por último, Abengochea hizo un llamado a la consejera Susín y al gobierno aragonés para que adopten una postura menos triunfalista y se comprometan a garantizar derechos desde el ámbito público, alejándose de un enfoque asistencialista que compromete la dignidad de la ciudadanía.