El pasado 4 de noviembre, el Ayuntamiento de Zaragoza dio un paso significativo hacia la inclusión y apoyo de jóvenes inmigrantes subsaharianos al convertir cuatro viviendas en un recurso que ofrecerá 20 plazas. Este programa facilitará el arraigo sociocultural de estos jóvenes, quienes recibirán capacitación laboral mediante la colaboración con la Fundación Dolores Sopeña, con el objetivo de promover su integración efectiva en la comunidad laboral y social.

En un nuevo esfuerzo por abordar la situación de la población sin hogar, se planea lanzar en breve un contrato menor para un programa piloto que empleará metodologías innovadoras para ayudar a 12 jóvenes sin techo, con la posibilidad de expandirlo el año siguiente. Esta iniciativa resalta el compromiso del Ayuntamiento con la atención a las necesidades de los más vulnerables.

El albergue municipal también se prepara para afrontar el invierno con la disponibilidad de 160 camas, 40 de las cuales serán habilitadas específicamente por el frío extremo entre noviembre y marzo. Además de las instalaciones de emergencia, se contempla la apertura de un piso de gran capacidad para alojar a 25 hombres, en colaboración con Cruz Roja, adaptándose así a la creciente demanda.

La mejora en la infraestructura del albergue incluye la adición de 55 nuevas plazas que estarán listas para su uso a finales de año, con 40 destinadas a hombres y 15 a mujeres. Este esfuerzo se enmarca en un proyecto de ampliación que ya cuenta con el mobiliario necesario para garantizar una rápida ocupación.

En total, se estima que el albergue municipal contará con aproximadamente 240 plazas, sumadas a las 65 viviendas temporales que ofrecen 189 plazas, llevando el total de recursos disponibles en la ciudad a 420. Este ambicioso plan refleja una creciente inversión en la atención a la población sin hogar.

Otro aspecto fundamental es la licitación de un nuevo contrato de alimentación que asegura la atención adecuada a las nuevas plazas del albergue. Este contrato deberá estar completamente operativo a principios de 2026, momento en el cual se espera que también se contraten a 13 nuevos trabajadores para reforzar el equipo.

En cuanto a la estancia en el albergue, se han realizado mejoras que han permitido extender el tiempo de permanencia, pasando de un límite de 6 días cada tres meses en 2019 a un periodo que ahora alcanza los 60 días, lo que refleja un cambio positivo en la política de atención a estas personas.

Marian Orós, consejera municipal de Políticas Sociales, ha expresado su optimismo sobre el impacto de estas iniciativas, esperando que a principios de 2026 se noten los frutos de la inversión de 5 millones de euros en la reforma integral del albergue.

Este aumento en los recursos se traduce en un incremento presupuestario, donde el gasto corriente del albergue se ha elevado de 563,120 euros en 2017 a 915,197 euros previstos para 2025. Además, se ha intensificado la colaboración con entidades sociales que trabajan en la problemática del sinhogarismo, un esfuerzo que se considera esencial para el éxito de estas políticas integradoras.

En los últimos cinco años, la colaboración financiera con las organizaciones sociales ha más que duplicado su aporte, reflejando un fuerte compromiso del Ayuntamiento por afrontar el sinhogarismo, alineándose con las necesidades de las comunidades más vulnerables.

Marian Orós ha explicado que los perfiles de personas sin hogar en Zaragoza son diversos, abarcando desde el prototipo tradicional, hasta inmigrantes con derecho o sin derecho a protección, así como trabajadores que enfrentan dificultades económicas para poder acceder a un alquiler.

En una muestra de la complejidad de la situación, el Parque Bruil alberga a 53 personas sin hogar, incluyendo a 29 jóvenes subsaharianos de Mali y Burkina Faso que han solicitado su derecho a protección internacional, un grupo que ha mostrado un incremento notable, según Orós.

Una vez en España, estos jóvenes buscan regularizar su situación a través del departamento de Extranjería, conforme a acuerdos establecidos con sus países de origen; sin embargo, la falta de respuesta ágil por parte del Gobierno central agrava su situación de vulnerabilidad, al encontrarse varios meses en la calle antes de recibir asistencia.

Orós ha subrayado la necesidad de que el Gobierno de España cumpla con su responsabilidad en la atención a estos inmigrantes, recordando que en Aragón existen 321 plazas vacías que no están siendo utilizadas, lo que pone de relieve la ineficacia del sistema actual.

A pesar de las instancias que han sentido la presión del tiempo y la burocracia, Orós ha insistido en que estas son personas con derechos que merecen ser atendidas adecuadamente y no quedarse desamparadas en las calles, ya que su integración en la sociedad es una oportunidad que beneficia a todos.

Por último, el último recuento de personas sin hogar en Zaragoza, realizado en noviembre de 2023, contabiliza a 166 individuos viviendo en la calle. Este recuento se repetirá a finales de noviembre, pero será realizado por el Ayuntamiento y Cruz Roja, ya que el Gobierno central ha decidido no participar, lo cual ha sido motivo de preocupación, según ha manifestado Orós.