El Ayuntamiento de Zaragoza ha logrado un acuerdo significativo con la compañía propietaria de los terrenos del antiguo colegio de Jesús y María, un paso crucial para atender uno de los vacíos urbanísticos que históricamente han afectado al centro de la ciudad y que también incluye una iniciativa adicional para la construcción de viviendas públicas de alquiler accesible.
Víctor Serrano, consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, destacó los "evidentes beneficios colectivos" que este proyecto aportará a la capital aragonesa. Según Serrano, esta acción representa un hito en la respuesta del Gobierno local a la actual emergencia residencial, subrayando la relevancia de haber desatascado un vacío urbano que ha permanecido durante más de tres décadas.
El plan no solo incluye una nueva planificación urbanística que incluye espacio público y áreas para equipamiento, sino que también prevé la construcción de viviendas de iniciativa privada. Serrano afirmó que se destinarán aproximadamente 30 viviendas en alquiler asequible dirigidas a jóvenes, las cuales se integrarán dentro del Plan de Vivienda local.
"Estamos creando una operación que no solo aporta valor económico a la ciudad, sino que también representa una regeneración urbana y oportunidades para mejorar los servicios en los barrios de la avenida Goya y Cortes de Aragón. Además, se ganará espacio para zonas verdes y se programará la edificación de viviendas para jóvenes en Las Fuentes", declaró Serrano con entusiasmo.
El acuerdo permite a la promotora iniciar la construcción de 160 viviendas en una parcela que abarca un total de 8.952,03 metros cuadrados. Los dos edificios proyectados se sitúan a los lados del área, lo que creará un amplio espacio público central, destinado a ser peatonal. Este espacio conectará la avenida Goya con la calle Cortes de Aragón, con los costos de urbanización a cargo de la empresa propietaria de los terrenos.
El Ayuntamiento también tomará posesión de la parcela que originalmente ocupaba el colegio, la cual se destinará a un equipamiento municipal, una demanda que los vecinos del área han hecho durante años. Esta cesión incluirá 4.000,30 metros cuadrados que se usarán para equipamientos públicos, permitiendo un uso variado que abarque servicios asistenciales, deportivos y culturales.
La parcela será entregada al Ayuntamiento una vez se demuela el actual edificio. Además, la empresa deberá compensar al Consistorio con 1.917,33 metros cuadrados de terreno, que se sustituirán por otras obligaciones relacionadas con la urbanización.
Entre las contribuciones al municipio se incluye un terreno adicional de 641,30 metros cuadrados en la calle Doctor Iranzo, destinado a expandir una zona verde, que se recibirá antes de que comience la demolición. También se contempla una parcela edificable en el área G-10-3, ubicada en la calle Miguel Servet, capaz de albergar 15 viviendas de alquiler accesible, que se entregará sin cargas urbanísticas al Ayuntamiento, quien se encargará de su gestión.
En total, las parcelas valoradas alcanzan un conjunto de 2,5 millones de euros, lo que resalta el impacto positivo del acuerdo en las finanzas municipales. A esto se añade una compensación económica de 3.450.030 euros, que comprende tanto las cesiones dotacionales como un porcentaje del incremento de aprovechamiento del terreno.
De esta manera, las arcas municipales recibirán 3.250.030 euros una vez que se formalice la modificación del PGOU necesaria para el desarrollo urbanístico, y otros 200.000 euros al concluir la urbanización de los espacios públicos. Serrano enfatizó la importancia de este proyecto en términos de interés público, destacando cómo no solo se resuelve un vacío urbano en el centro de la ciudad, sino que se extienden beneficios a otros distritos, mejorando así la oferta de espacios verdes y viviendas asequibles.
El Ayuntamiento se ha comprometido a la regeneración de los barrios y a la revitalización de la vida urbana, buscando reactivar terrenos que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos en las diversas zonas de la ciudad. "Estamos enfocados en estas prioridades", añadió Serrano.
El convenio será sometido a información pública una vez obtenga la aprobación este diciembre, lo que podría llevar a su aprobación final y a la modificación parcial 211 del PGOU en febrero de 2025. La formalización administrativa de esta solución urbanística se llevaría a cabo un mes más tarde, en marzo, marcando así el inicio de los ingresos municipales por valor de 3.250.000 euros.
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