Zaragoza aprueba obligar seguros de responsabilidad civil para bicicletas tras votación en el ayuntamiento.
En Zaragoza, el pleno del Ayuntamiento ha rechazado una moción de ZeC que proponía eliminar la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para el uso de la bicicleta. Esta propuesta, respaldada por el PSOE, fue rechazada por el PP y VOX, lo que ha generado un intenso debate en el ámbito municipal.
Además, la moción también incluía medidas para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible en la ciudad, así como para proteger a los ciclistas que utilizan los carriles bici a diario.
La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha destacado que el aumento del uso de la bicicleta en los últimos años se ve amenazado por la imposición de esta carga burocrática innecesaria. Según Tomás, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil es un retroceso que penaliza a los ciclistas, en lugar de proteger su seguridad en las calles de la ciudad.
Por su parte, el concejal de VOX, David Flores, ha defendido la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil para los ciclistas, argumentando que es una medida necesaria para garantizar la seguridad vial. Flores ha instado a quienes estén en desacuerdo a recurrir a los tribunales para resolver la controversia.
Desde el PSOE, el concejal Chema Giral ha criticado la ordenanza que obliga a contratar un seguro para poder usar la bicicleta, convirtiendo a Zaragoza en la única ciudad española y europea con esta exigencia. Giral ha señalado que esta medida es consecuencia de la presión de VOX sobre el Gobierno municipal, generando una situación que va en contra del fomento de la movilidad sostenible en la ciudad.
En medio de la polémica, la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha aclarado que la ordenanza no impone un seguro obligatorio, sino una garantía de responsabilidad civil que puede estar incluida en los seguros del hogar. Gaudes también ha recordado que el servicio de bicicletas públicas Bizi ya contempla esta medida desde 2012, como un mecanismo para proteger a los usuarios más vulnerables.
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