En Zaragoza, el 2 de diciembre, se ha registrado un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia en la gestión pública. El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha formalizado una solicitud para que el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento, Víctor Serrano, comparezca ante la comisión correspondiente. La razón detrás de esta petición es el controvertido desembolso de cuatro millones de euros destinados a la adecuación de la parcela vendida a la empresa Saltoki, ubicada en el polígono Empresarium, en el barrio rural de La Cartuja.

La iniciativa de Calvo surge tras la reciente decisión del pleno, donde se desestimó una propuesta del PSOE para establecer una comisión de investigación relacionada con este tema. Según Calvo, la negativa de VOX a apoyar esta comisión no implica que se desconozca la verdad sobre la situación. De hecho, ha señalado que el PSOE ha registrado una petición similar para que Serrano explique los pormenores de este pago, lo que indica la relevancia del asunto en el ámbito político local.

En una rueda de prensa, Calvo subrayó que el acuerdo de venta entre el Ayuntamiento y Saltoki contemplaba inicialmente un pago de un millón de euros para llevar a cabo obras de adecuación en la parcela. Sin embargo, la suma final asciende a cuatro millones, lo que ha generado desconcierto. Además, mientras que el compromiso inicial mencionaba un desmonte de aproximadamente 463.803,64 metros cúbicos, el verdadero volumen de tierra movida se eleva a más de 900.000 metros cúbicos.

“Queremos que se nos aclare este desfase”, afirmó Calvo, quien cuestionó por qué el Ayuntamiento tuvo que asumir un gasto mucho mayor al acordado. En el momento de la venta, Saltoki poseía el 80% de la parcela, y el Ayuntamiento solo el 20%, lo cual plantea interrogantes sobre la responsabilidad financiera en los trabajos de desmonte y movimiento de tierras que, según la escritura, deberían ser costeados en su totalidad por el Ayuntamiento.

Calvo insistió en que hay una discrepancia notable entre el compromiso de pago mencionado en el contrato de compraventa y el desembolso real. “Nos gustaría saber de dónde provienen esos cuatro millones de euros adicionales y por qué ha corrido con esos gastos el Ayuntamiento”, destacó el portavoz de VOX, sugiriendo que dicha decisión no está suficientemente justificada.

Asimismo, Calvo denunció haber descubierto estas irregularidades a través de las “objeciones” planteadas por el interventor, quien cuestiona la legalidad de la contratación de las obras de emergencia necesarias para el desmonte. De acuerdo con el informe del geólogo, se advirtió sobre la inestabilidad de los terrenos desde abril de 2022, sin embargo, el contrato con la empresa encargada no se firmó hasta marzo de 2023, lo que plantea serias dudas sobre la necesidad de que las obras se extendieran más allá del tiempo requerido para abordar una emergencia.

El portavoz también propuso que, en lugar de extenderse durante un período tan prolongado, el Ayuntamiento podría haber optado por un contrato de obras de emergencia que se ocupara de los riesgos inmediatos, seguido de un proceso de contratación más regulado, lo cual podría haber evitado tales irregularidades.

Adicionalmente, el interventor ha puesto de relieve otra cuestión pertinente: si, al momento de la contratación de las obras, el Ayuntamiento aun poseía el 20% de la parcela o si ya había transferido completamente la propiedad a Saltoki. A pesar de la aprobación de la venta, la escritura aún no se había firmado, lo que deja en entredicho la legitimidad de ciertas decisiones tomadas durante ese periodo.

El grupo VOX ha complementado su solicitud de comparecencia con dos inquietudes más, las cuales giran en torno a la naturaleza del acuerdo que regula la adecuación de la parcela en su totalidad y por qué dicho acuerdo ha permanecido en secreto para los grupos municipales. La falta de claridad en estos procedimientos podría suponer un obstáculo significativo para la confianza de los ciudadanos en sus representantes.