TERUEL, 11 de enero. El Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha expresado su rotunda oposición a la reciente comisión de investigación sobre energías renovables en Aragón, señalando que su origen responde más a una táctica electoral del Partido Popular que a un verdadero interés por la transparencia y la justicia. Según sus representantes, la iniciativa se diseñó para cuestionar las acciones del gobierno de Lambán y entorpecer su gestión, camuflada tras un aparente deseo de cambio que, según ellos, es solo una fachada.

En una conferencia de prensa, Manolo Gimeno y Jesús Villamón denunciaron la doble moral del PP, que, a su juicio, ha intensificado la implantación de megaproyectos energéticos sin cuestionar los planes de las empresas eléctricas. De acuerdo con ellos, estas corporaciones han sometido a las políticas públicas de Aragón, y el PP ha colaborado sin reservas con este dominio.

Los miembros de Teruel Existe están convencidos de que existe un pacto oculto entre el PP y el PSOE en relación con la producción de energía renovable, un acuerdo que ya se tradujo en la aprobación de la ley de Energía. Aseguran que este entendimiento ha impedido que la comisión se desarrolle de manera adecuada, ya que se llevó a cabo sin la necesaria transparencia y limitó la capacidad de los grupos de oposición para fiscalizar el trabajo del gobierno.

La crítica se centra en que el diseño de la comisión estaba destinado a fracasar, buscando cerrar la puerta a posibles descubrimientos de irregularidades por parte del Ejecutivo regional. Aunque varios testimonios sugirieron un trato preferencial hacia ciertas empresas y evaluaciones ambientales cuestionables, las conclusiones obtenidas fueron vagamente generales y evitaron abordar cuestiones críticas, según comentó Villamón.

Los miembros de Teruel Existe también argumentaron que el proceso estaba condicionado por factores institucionales, como la exigencia de unanimidad para las conclusiones, lo que resultó en un informe final muy diluido y sin arrojar luz sobre los problemas reales. Además, la asistencia a las sesiones estaba restringida, con un número limitado de comparecencias y tiempo insuficiente para realizar un interrogatorio en profundidad.

El representante del movimiento fue aún más allá al calificar lo sucedido como un "boicot activo", indicando que el diseño de la comisión desde los grandes partidos era tal que su potencial de éxito fue cercenado desde el inicio. Asimismo, Gimeno acusó al diputado del PAR, Alberto Izquierdo, de ser una pieza utilizada por PP y PSOE para desestabilizar las actividades de la comisión, enfatizando su falta de respeto hacia los comparecientes y la naturaleza del proceso.

Teruel Existe también hizo hincapié en la falta de transparencia, criticando que las sesiones no fueran transmitidas en tiempo real y que las grabaciones no estuvieran disponibles al público. Esta decisión generó un fuerte descontento, especialmente durante la primera sesión, en la que se restringió la presencia de periodistas, lo que desencadenó una controversia significativa en las Cortes.

Por último, mencionaron que algunas figuras clave en la investigación, como el exvicepresidente Arturo Aliaga y Jesús Lobera, director del INAGA durante el período de estudio, se presentaron a declarar solo por escrito, invocando problemas de salud, lo que imposibilitó un debate riguroso y directo sobre los hechos. Estos testimonios, según Teruel Existe, eran fundamentales para comprender la situación en su totalidad.