Susín promete incrementar el personal y los recursos técnicos para disminuir las demoras en atención a discapacidades
El Gobierno de Aragón tomará medidas para mejorar la valoración de la discapacidad y acelerar la resolución de los cerca de 14,000 expedientes que están pendientes de reconocimiento. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, compareció ante el Parlamento para analizar los tiempos de espera y plantear las soluciones propuestas por el Departamento. Susín criticó la falta de profesionales en los equipos de valoración, un problema que afecta no solo a Aragón, sino a todas las comunidades autónomas.
Ante esta situación, el Gobierno de Jorge Azcón se comprometió a reforzar los equipos de valoración con nuevos perfiles profesionales y a implementar procedimientos administrativos más simplificados. El objetivo es garantizar que todas las personas con discapacidad en Aragón reciban la atención y los servicios que necesitan en el menor tiempo posible. No obstante, la consejera advirtió que se requieren recursos y presupuesto para llevar a cabo estas acciones, los cuales no están siendo proporcionados por el Gobierno central.
Susín expresó su esperanza de que los Presupuestos Generales del Estado para 2024 contemplen esta financiación. En caso contrario, solicitó el apoyo para exigir al Gobierno de España un compromiso real con la discapacidad, ya que los derechos sin financiamiento solo son "derechos de papel". La consejera calificó la situación actual como "inaceptable". También criticó la falta de planificación del gobierno anterior en cuanto al número de plazas en centros de día, residencias y centros ocupacionales para atender a las personas con discapacidad.
Según el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en Aragón hay 13,750 personas pendientes de una valoración de discapacidad. Esta cifra incluye 9,295 solicitudes grabadas y pendientes de valoración, así como 4,455 personas que están a la espera de una revisión del grado de discapacidad que ya se les reconoció previamente. Además, durante su comparecencia, Carmen Susín mencionó la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, aprobada en mayo de 2022 y que aún no se ha implementado por completo. Alertó que sin una financiación adecuada, las personas con discapacidad en Aragón podrían quedar excluidas de los avances en el ejercicio de sus derechos y de la política social.
Por otro lado, la Estrategia establece la apertura de vías de comunicación entre los procedimientos de valoración de la discapacidad y de la dependencia, con el fin de agilizar los plazos de resolución del Programa Individual de Atención (PIA). Esta demanda también se hará al Gobierno de España. Uno de los desafíos a los que se enfrentan los equipos de valoración es la falta de medios para hacer frente a la gran cantidad de solicitudes que se reciben mensualmente en Aragón. La resolución de estos casos, en promedio, tarda entre 7 y 11 meses en Zaragoza, 22 meses en Huesca y 13 meses en Teruel.
Desde mayo de 2023, se ha implementado una plataforma informática que permite gestionar de forma integral el proceso de reconocimiento y valoración de la discapacidad. Además, se están realizando mejoras en cuanto a la coordinación con el Servicio Aragonés de Salud y la interoperabilidad entre los sistemas de discapacidad y dependencia. Carmen Susín concluyó su comparecencia destacando los avances que se pretende lograr en la coordinación con el Servicio Aragonés de Salud para evitar la carga administrativa a los ciudadanos y mejorar la información disponible.