ZARAGOZA, 19 de diciembre. En un claro llamado de atención hacia el Gobierno de Aragón, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han expresado su descontento ante la falta de respuestas adecuadas a las recientes movilizaciones que han tenido lugar en las últimas semanas. Estas movilizaciones buscan instar al Ejecutivo a abordar el alarmante número de vacantes existentes en la Administración General de la Diputación General de Aragón, que actualmente alcanza el 22 por ciento, un nivel que los sindicalistas consideran inaceptable y que contrasta marcadamente con el 6 por ciento registrado hace apenas dos años.

Este jueves, durante una concentración frente al edificio del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), los representantes sindicales subrayaron cómo la "no cobertura" de estas plazas está afectando a los usuarios de servicios esenciales, muchos de los cuales residen en centros públicos. Esta situación es especialmente crítica en un momento donde la demanda por atención y apoyo social es cada vez más apremiante.

El secretario general de la sección sindical de CCOO en la Diputación, Paco González, se mostró claramente decepcionado por la falta de respuesta del gobierno: “Nuestra intención era que, tras las concentraciones, el Gobierno de Aragón se sentara a dialogar sobre nuestras inquietudes y a abrir un espacio de negociación. Sin embargo, su actitud ha sido totalmente opuesta, negando la gravedad de la situación y alegando que no existe ningún problema”.

Tal desinterés por parte del Ejecutivo contrasta notablemente con el "aumento imparable" en el número de vacantes, que las organizaciones sindicales han estimado en aproximadamente 2.700 puestos sin cubrir. Este aumento no solo afecta a los trabajadores de la Administración, sino que tiene repercusiones directas en la calidad de los servicios, perjudicando a los ciudadanos que dependen de ellos.

“Nuestra lucha continuará,” advirtió González. “Mantendremos las movilizaciones a partir de enero con el objetivo de regresar a la situación de dos años atrás, cuando las vacantes eran solo el 6 por ciento, es decir, alrededor de 650 a 700 plazas, y no el alarmante 20 o 22 por ciento que enfrentamos hoy”.

González señala que el crecimiento de las vacantes es un indicativo de que la Administración podría estar ocultando decisiones organizativas esenciales. "Este incremento podría estar ocultando una gestión poco transparente que, en algún momento, podría sorprendernos de manera negativa", alertó. Esta falta de transparencia genera desconfianza entre los empleados públicos y la ciudadanía que depende de una Administración eficiente y competente.

Desde la secretaría del sector autonómico de UGT Aragón, Antonio Herrera, anunció que las movilizaciones se ampliarán a otros departamentos en un esfuerzo por movilizar a la ciudadanía en esta lucha por una Administración más eficiente y menos desmantelada. Este acto de protesta fue el quinto realizado en la comunidad autónoma y el tercero en Zaragoza, en un contexto donde el Gobierno sigue sin dar respuestas concretas a las solicitudes de los sindicatos.

Pese al silencio de los responsables autonómicos, González enfatizó que la falta de personal tiene consecuencias directas en la atención a los usuarios, advirtiendo que “los derechos de la ciudadanía se ven afectados y los plazos para recibir prestaciones o reconocimientos de ayudas se prolongan. Familias numerosas, por ejemplo, están perdiendo oportunidades de reducciones y bonificaciones a causa de esta falta de personal”.

Explicó, además, que la decisión de dejar casi el 30 por ciento del personal administrativo vacante es una de las causas detrás de las dificultades que enfrenta la ciudadanía al intentar acceder a servicios públicos. "Se justifican las carencias con excusas administrativas, pero la realidad es que, para gestionar solicitudes de discapacidad o protección de menores, necesitamos no solo personal técnico, sino también administrativo", subrayó González.

La disminución en la calidad del servicio se traduce en mayores obstáculos para acceder a los recursos públicos. “Estamos observando, a través de nuestras visitas por Aragón, que se han recortado horarios de atención al público y se está obligando a personas mayores a realizar trámites telemáticos, lo que representa además una barrera para quienes no tienen acceso fácil a este tipo de tecnología”, argumentó González, poniendo de relieve la exclusión de sectores vulnerables de la población.

El presupuesto del capítulo I, que prevé 12.000 puestos de trabajo y contempla un margen para cubrir bajas por enfermedad, se está viendo drásticamente subejecutado, según González, que afirmó que el Gobierno de Aragón ha dejado de utilizar una quinta parte de ese recurso económico. “Las razones tras esta falta de ejecución permanecen sin aclarar, pero claramente es un indicativo de la falta de gestión adecuada”, añadió.

Yolanda Mediel, portavoz del sindicato CSIF, agregó que se trata de vacantes estructurales que, al estar ya presupuestadas, debería ser una prioridad cubrir. “No estamos pidiendo un esfuerzo adicional al Gobierno, sino que se lleven a cabo las acciones necesarias para cubrir puestos de personal fijo que son esenciales para atender a la ciudadanía”, explicó.

González también alentó una re-evaluación de la gestión de recursos en la Administración, señalando que el Gobierno podría estar intentando “maquillar” las cifras de temporalidad al no cubrir adecuadamente las plazas. A esto se suma la preocupación de que el director general de la Función Pública, Antonio Villacampa, haya insinuado en las Cortes de Aragón que algunos puestos podrían no ser necesarios, lo que sugiere la posibilidad de futuras amortizaciones y privatizaciones.

En este mismo sentido, Mediel hizo un llamado a una gestión más efectiva de los recursos humanos. “No podemos esperar hasta el final del año para conocer por qué no se cubren plazas, ya sea por razones presupuestarias o porque se pretende ocultar la situación. La atención a la ciudadanía debe ser la prioridad, ya que no existen servicios públicos sin el personal adecuado que los respalde”, concluyó.

Como posible solución a esta problemática, CSIF ha propuesto la creación de nuevas listas de interinos para garantizar una cobertura más ágil de las plazas vacantes y las ausencias por enfermedad, utilizando tecnologías modernas y eficientes. Además, se han planteado procedimientos de cobertura urgente que permitirían completar las vacantes en un plazo máximo de un mes, una medida que, a pesar de estar incluida en la ley de presupuestos, el Gobierno ha desestimado hasta el momento.

Finalmente, Mediel criticó la reciente instrucción de la Dirección General de Función Pública, que ha llevado al cese de personal interino que no debería haberse despedido, una acción que considera drástica y perjudicial para el funcionamiento adecuado de la Administración.”