El Tribunal Supremo de España ha avalado la sentencia que impone prisión permanente revisable a una pareja de Zaragoza, después de que en 2021 cometieran el brutal asesinato de la hija de dos años de la mujer, quien era víctima de maltrato constante.

La decisión del alto tribunal marca un significativo hito en el proceso judicial, ya que desestimó los recursos de casación interpuestos por los acusados, cumpliendo así con la resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que respaldó el fallo del tribunal de jurado de la Audiencia Provincial.

Además, el Supremo ha ratificado la indemnización fijada en 280.000 euros, que deberán abonar de forma conjunta y solidaria a la familia de la pequeña. Esta cifra se divide en 50.000 euros para el padre de la niña, 50.000 para la abuela y 90.000 para cada uno de los dos hermanos, un reflejo del severo daño causado a la familia por la tragedia.

El tribunal dejó claro que las explicaciones proporcionadas por la mujer y su pareja, quienes intentaron alegar una falta de claridad sobre quién había causado materialmente la lesión que resultó en la muerte de la niña, no eran válidas. La Sala de lo Penal subrayó que las pruebas demostraron, sin lugar a dudas, la "actuación conjunta y concertada" de ambos en este terrible y trágico evento.

Los hechos narran una historia desgarradora: la pareja infligía golpes frecuentes y sistemáticos a la pequeña en su hogar, donde también residían sus otros dos hermanos. Estas agresiones culminaron en una seria lesión abdominal que provocó una peritonitis, un estado que exigía atención médica inmediata por el riesgo inminente para su vida.

Según la sentencia, la pareja tomó la impactante decisión de no alertar a los servicios de emergencia, incluso en momentos críticos cuando la menor se encontraba inmóvil y no podía sostener su propia cabeza. En su lugar, pidieron ayuda a los vecinos, quienes intentaron reanimarla sin éxito. Cuando los equipos de emergencias llegaron, ya era demasiado tarde; solo pudieron confirmar el luctuoso fallecimiento de la niña.

El 21 de enero de 2021 se marcó como la fecha de este trágico desenlace, resultado directo de la falta de acción inmediata por parte de los condenados ante los síntomas que presentaba la pequeña. Los informes apuntan a que, además de la rotura duodenal, la niña presentaba un total de 101 lesiones externas en su cuerpo, tanto recientes como de tiempos anteriores, lo que refleja un historial de maltrato prolongado.

En definitiva, las pruebas revelan que la pareja no solo demoró el aviso a los servicios médicos, sino que sometieron a la niña a un sufrimiento intensificado de manera deliberada durante las 48 horas que precedieron su muerte, aumentando así su dolor y desolación en un acto que repugna la sensibilidad humana.